FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – La decencia de un político tradicional – Revista Oiga 7/11/1994

Tenía el ánimo listo para volver a tocar el tema electoral. Puntualizar que, esta vez, el fraude no va a significar una pillería que quedará impune y apenas servirá para distraer un tiempo las conversaciones de los peruanos. Esta vez el fraude -que sí se está tejiendo desde hace me­ses— significará que no habrá eleccio­nes. Que el país quedará en el limbo. También pensaba extenderme en la necesidad de que, desde ahora, comience, la vigilancia internacional del proceso; así como en la obligación dé no escoger, un candidato como en juego de tómbo­la. Todas las elecciones son serias, pero hay momentos y circunstancias que las hacen más importantes, que les dan mayor responsabilidad. En este caso, se trata de evitar la reelección, no por el continuismo en sí, sino porque este sis­tema, aquí en el Perú y en toda América Latina, ha sido nefasto. Ha transforma­do el autoritarismo en tiranía y ha abierto las puertas a la corrupción desenfre­nada. Esa es nuestra historia, es la cá­mara del tiempo en la que debemos vernos. Pero más todavía, las circuns­tancias del momento no pueden desli­garse de la estructura del actual régi­men: un gobierno de apariencia civil que se sustenta en la fuerza partidaria del Ejército, o sea un partido con metralle­tas, tanques y cañones. Para enfrentar­se al candidato del Ejército y de la extre­ma derecha, que eso es el señor Fujimo­ri, además de político listo y con signifi­cativa obra hecha, no puede escogerse un boxeador de peso pluma o mediano. Se requiere de un peso pesado, con experiencia, con apoyo en su fuerza propia y la que le da su fama y relaciones internacionales. El emplazamiento al Jurado Nacional de Elecciones y al jefe del Comando Conjunto Militar —puede el doctor Muñoz Arce suavizar el térmi­no como quiera— no es el emplazamien­to de un candidato cualquiera, sino de un candidato que fue, en dos períodos, Secretario General de las Naciones Unidas. Es el emplazamiento de alguien a quien hacerle fraude significará el que no haya elecciones.

Y cuando, pensaba continuar con este importantísimo tema, me alcanzó las siguientes paginas: Jesús Reyes. Tratando de algo vital, aún más serio que las elecciones mismas y que cada vez se toma “menos en cuenta en un país donde la mentira y el engaño a nadie alarma y hasta son calificados de virtudes políticas”. Se trata de una moral pública. De la decencia de las personas. De un homenaje a un peruano que hizo patria –por desgracia inútilmente si miramos alre­dedor- siendo un hombre decente. Habla la nota de José María de la Jara Ureta, vinculado a estas páginas y a mis actividades periodísticas desde hace más de cuarenta años.

F.I

Hijo, nieto, descendiente de hom­bres públicos que en su oportuni­dad sirvieron a la nación, podría decirse que José María de la Jara y Ureta era un político tradicional. Perseguido, encarcelado y deportado por la dictadu­ra militar, al retornar la democracia fue llamado por el primer ministro Manuel Ulloa Elías para integrar el primer gabi­nete ministerial del segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde.

A José María de la Jara se le puso en el puesto más difícil del nuevo gobierno: el de ministro del Interior, cargo que por primera vez era desempeñado por un civil, en momentos en que hacia su apa­rición Sendero Luminoso, en medio de una grave conmoción social generada por el fracaso de los militares en el ejercicio del poder.

Al jurar el cargo, De la Jara prometió que renunciaría en el momento en que en el Perú las fuerzas del orden cometie­ran excesos y derramaran sangre de peruanos. El 12 de octubre de 1981; se produjo una manifestación en el Cusco, en protesta por el alza de pasajes; la policía detuvo al estudiante Marco An­tonio Ayerbe Flores (19) y lo torturó hasta provocarle la muerte. De la Jara exigió una severa investigación y, como consecuencia de ella, le entregó la banda ministerial al presidente Belaúnde y se fue a su casa.

El gesto de José María de la Jara causó asombro en algunos sectores, consternación entre sus partidarios y admiración entre adversarios políticos. Un hombre de izquierda, el historiador Pablo Macera, dijo “El señor De la Jara ha introducido en el ministerio del Interior un factor muy difícil de ver actuando en la política de cualquier país – no sólo en la política peruana–, que es la decencia personal. Nosotros podemos diferir del ministro del Interior, pero tenemos que agradecerle que de algún modo uno pueda decir que en un puesto habitualmente tan desagradable y coercitivo haya un hombre decente, que cuando salga de allí podré decir que continúa siendo un hombre decente”.

Es oportuno recordar el gesto que tuvo este político tradicional en momen­tos como el que vivimos en que los pícaros que han asaltado el poder ejer­cen la política con patente de ‘indepen­dientes’ y, sin ruborizarse, se esconden bajo su concha para no asumir lo que en todas partes del mundo se conoce como ‘responsabilidad política’.

El ministro Vittor fue obligado a re­nunciar por la presión de la prensa independiente que detectó sus relaciones comerciales con los beneficiarios del soborno del BCCI y puso al desnudo los negociados de su empresa constructora con el gobierno; pero hay otros como el ministro Carnet descubierto favorecien­do las empresas de sus hijos; o como el ministro Hokama involucrado en el negociado de las turbinas de Ventanilla; o el ministro Briones responsable de la fuga de Carlos Manrique, que se resisten a renunciar a sus cargos “porque tienen la confianza del presidente”.

¡Que buena excusa para esconder su falta de decencia política!

J.R.M.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Dos caras de la moneda: Fujimori–Pérez de Cuéllar – Revista Oiga 17/10/1994

Pocos son los ciudadanos del país que no hayan quedado atónitos ante la avalancha de candidatos a la Presidencia de la República y más asombrados quedarán, al parecer, con la catarata de postulantes que ambi­cionarán: un asiento en el Congreso ‘unicameral’, establecido ‘por una Consti­tución obra de los parlamentarios del CCD. Gente que asumió el cargo jurando que no ganaría más de un sueldo mínimo y que no volvería postular de inmediato, dos juramentos; incumplidos, pues todos los cecedistas quieren volver al Congreso y van acabando su gestión con los emo­lumentos más altos de la historia. En lo único que cumplieron a cabalidad los pupilos de Yoshiyama es en servir de Aliento o de tapadera al propósito princi­pal para ‘el que fue convocado el CCD: establecer la reelección presidencial, para poder reeditar la Patria Nueva de Leguía, aunque no por once sino por un plazo de veinte años.

Pero, dejaré de lado esta jeremiada, demasiadas veces repetida sin llegar a conmover la conciencia de ningún cecedista. Pasaré a la gran pregunta del momento: ¿a qué se debe esta riada de candidatos? ...A algo sumamente sim­ple. A que este régimen de la Reconstruc­ción Nacional, surgido del golpe de Esta­do del 5 de abril del 92, ha logrado uno de sus propósitos fundamentales: destruir, pulverizar, hacer desaparecer la institucionalidad peruana, aún incipiente y lle­na de fallas por corregir, pero cimiento para el futuro. En poco tiempo derrumbó el armazón institucional de la República. De allí que cada ciudadano, sin atadura alguna con la comunidad organizada, se sienta capaz de intentar llegar a la Presidencia o al Parlamento, con el simple apoyo de un grupo de amigos o con algún socio capitalista en firmas. Es la respues­ta propia del ambiente subdesarrollado en que vivimos, del mundo chicha im­puesto por Fujimori y sus asociados milita­res, frente a un problema que se ha presen­tado en distintas épocas en muchos lugares del mundo en épocas de crisis doctrinarias. Un problema que nada tiene de novedoso. Ni siquiera en las democracias más desarrolladas. Se trata simplemente de algo cíclico: del desgaste de la confianza popu­lar en los partidos políticos, que son los canales orientadores de las inquietudes ciu­dadanas, y del debilitamiento de las co­rrientes ideológicas. Esta crisis de los par­tidos, este divorcio entre el pueblo y los organismos partidarios, no es particulari­dad peruana, no es problema exclusiva­mente local. Se ha dado con frecuencia en Francia, por ejemplo. También en Italia y en otras naciones europeas y en las lati­noamericanas más evolucionadas. Pero cuando se produce esta pérdida de con­fianza en los partidos políticos, cuando la repulsa a los partidos los elimina como intermediarios de las corrientes ciudadanas, en esos países surgen las instituciones nacionales, que reemplazan momentáneamente o en definitiva -reemplazándolos- a los partidos. En un medio civilizado no funciona la turbamulta del público,-se produce el desborde irreflexivo de las ambiciones particulares, el caos, la anarquía candidateril; sino son las instituciones las que toman la posta de los partidos en la tarea de encauzar la vida política de la nación. Salvo cuando aparecen los caudillos salvadores, los providenciales -Hitler, Mussolini-, que siempre terminan destruyendo a las naciones.

Pero, ¿qué es lo ocurrido en estos últimos cuatro años en el Perú?... Una a una, con el aplauso ignorante de los de arriba y los de abajo, ilusos creyentes en la eficacia del autoritarismo, se han ido desmontando o anulando todas las instituciones de la República, sin que nada las reemplace. Poco a poco, éstas han sido arrasadas y sólo han quedado sombras de ellas. El país se ha acostumbrado, con el fanático beneplácito de los poderosos, de los ricos los grandes favorecidos de Fujimori-, a que se cumpla la voluntad de una sola persona, en la que se concentra, en ella sola, la ley, el orden, la justicia, la moral y la verdad.

¿Por qué extrañarse, por qué quedar- se atónitos ante la voluntad de decenas y centenas de peruanos que desean emularlo?

¿De qué nos espantarnos, por qué alarmarnos ante la cantidad circense, carnavalesca, de candidatos, si a nadie le ha preocupado, si no hay quien siquiera advertido la manera desaprensiva, el olímpico desprecio por la ley puesto en evidencia por el jefe de Estado cuando respondió, en la TV, a la pregunta de si sabía o no que su compañero de fórmula, el doctor Paredes Canto, tenía proceso judicial abierto, acusado de la malversación de un millón de dólares? No se refirió a la conocida honorabilidad del doctor Paredes, ni a que un proceso judicial, mientras no haya sentencia condenatoria, no es impedimento para postular. No, el señor Fujimori defendió a su elegido mofándose de la ley que condena la malversación.

Nadie ha quedado atónito ante la enorme barbaridad dicha por el jefe de Estado, que a diario se burla de la ley según su Capricho, o la cambia según su antojo. Ahora resulta, según fallo de Fujimori, que no es delito malversar fondos del Estado- que es lo que él hace a diaria en su campaña-, digan lo que digan los códigos. Salvo en el caso del general Jaime Salinas Sedó, que ha sido condenado a cinco años de cárcel, porque así lo dispuso Fujimori, por la supuesta malversación de 27.mil dólares que el general constitucionalista jamás vio, que nunca pasaron por sus manos. Conde­nado sin permitirle siquiera abrir la boca en su defensa.

Todo esto, repito, al margen de la reco­nocida honorabilidad del señor Rector de la Universidad de Cajamarca, quien con toda seguridad saldrá libre de la instrucción judicial que se le ha abierto por desviar de destino un millón de dólares, máxime aho­ra cuando los jueces han de estar desconcertadísimos y deben sentirse coaccionados ante el candidato oficial Paredes Canto, quien, hasta dos días antes de ser nominado compañero de fórmula de Fuji­mori, capitaneaba la huelga de docentes contra el gobierno, lanzando discursos muy poco académicos sobre la inconducta de Fujimori frente al magisterio.

Tampoco ha sorprendido a nadie -pa­reciera que los peruanos han perdido su capacidad de asombro- que el jefe de Esta­do haya escogido como primer vicepresi­dente al presidente de la sociedad de los poderosos del Perú, sin importarle averi­guar si la madre del señor Márquez pos­tulaba en la fórmula de otro candidato, también a la vicepresidencia. Aunque ¿por qué alarmarse ante tamaña grosería cuando Fujimori ha hecho de la confron­tación, del pleito, de la agresión su distin­tivo político? ¿Por qué había de preocu­parle a Fujimori crear un desagradable conflicto familiar al interior de la familia Márquez si él está satisfechísima destru­yendo su propio hogar?

Lo que sí, extrañamente, ha preocu­pado a muchísimos ciudadanos, sobre todo a los fujimoristas y a no pocos ene­migos -igual que OIGA- del golpista del noventa y dos, es la fórmula presidencial que encabeza el doctor Javier Pérez de Cuéllar. Les molesta -no a OIGA- que sea el peruano más ilustre a nivel internacional; les mortifica que goce de muy buena salud; los irrita que él haya sido quien, como Secretario General de las Naciones Unidas, convenció al presidente electo Alberto Fujimori de que se llevara bien con los organismos internacionales y pusiera de lado sus planes populistas

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – “Honradez, tecnología e irresponsabilidad” – Revista Oiga 10/10/1994

Buena parte del territorio nacional volvió a quedar sin luz, sin fuerza eléctrica, por culpa de la insania terrorista, que ha querido conmemorar algún macabro acontecimiento el jueves pasado. Pero la voladura de unas cuantas torres, el más fácil de los actos de sabotaje, no logra paralizar gran parte del país más de unas horas. Y ya van algo así como dos días de apagón.

No es, pues, sólo la mano del terror la que ha producido un suceso que ha vuelto a irritar el ánimo ciudadano. ‘A la desesperada acción de. Sendero sé ha unido esta vez la ineptitud, la ineficacia real, la tecnología chicha de un régimen que viene engañando al país durante un largo tiempo, pero que ya no puede seguir ocultando su verdadera fisono­mía: habilidad para adaptarse criollamente a la corriente de moda, incapaci­dad para resolver problemas por cuenta propia y muy baja moral. Mediocridad en toda la línea.

El desafío terrorista no debe alarmar al país. No diré que son manotazos de ahogado para no repetir la torpe monserga oficialista, pero la verdad es que el mismo día que cayó el Muro de Berlín, se desplomó la Unión Soviética y se esfumó como voluta de humo el marxismo, el Partido Comunista de Abimael Guzmán, llamado Sendero Lu­minoso, dejó de ser el peligro terrible que, con el tiempo, pudo haber sido. El marxismo era la cantera de los cuadros de Abimael. La posterior captura de éste significó el entierro de la secta. Lo que queda de ella son restos de la orga­nización, son núcleos desorientados de gente imposibilitada de escapar de la locura en la que está sumergida, porque se ha habituado al modo de vida clan­destino que viene llevando. Hoy por hoy no son ningún peligro, aunque más de un susto puedan seguir dándonos. El riesgo está en el futuro. Si se diera el caso, por ejemplo, de que remozadas ideas revolucionarias, inspiradas en nue­vas ansiedades de las masas; lograran audiencia, reactivaran a esos rezagos de Sendero y captaran, adeptos sensibilizados por la miseria popular que no disminuye sino que va creciendo. Pero eso, será mañana, no es hoy.

Hoy, el problema del país es el mismo, que cualquier agudo observador pudo entrever desde los primeros días del régimen de Fujimori. El pacto del Ejército con el presidente constitucional y más tarde, gracias al golpe del 5 de abril del 92, con el líder del gobierno de la “Reconstrucción Nacional”, no es otra cosa que una alianza entre la incapacidad y el desatino de los militares y la mediocridad, sin tecnología alguna, de Fujimori y sus partidarios. La única habilidad de los socios ha sido entregarse sin condiciones al Fondo Monetario y al Banco Mundial, dejando el manejo de la economía en manos de la derecha. Fu­jimori se encarga del papel de demago­go y las Fuerzas Armadas se dedican a poner orden al antiguo estilo, con cier­tas innovaciones neonazis, como los operativos psicosociales y las tenebrosas vigilancias del SIN.

Los frutos de esta corte de lisiados mentales se está poniendo a la vista, aunque algunos la disculpen comparándola con el desastre apocalíptico de Alan García y merezca los elogios del FMI y del Banco Mundial, felices porque el Perú está pagando sus deudas, incluidas la estafa del Mantaro y Pachitea. Está a la vista el pleito de callejón de Susana y Alberto, con acusaciones que no son moco de pavo; cualquiera puede visitar las carreteras que se desmoronan solas del constructor, ministro y funcionario Vittor, socio de los que se alzaron con las coimas del BCCI; son visibles los contratos que ejecuta como negocio el Ejército, con maquinaria del Estado, en detrimento de los medianos constructo­res, no de los ricos, pues éstos comen en la misma mesa de Fujimori; y apenas se ocultan las constantes compras y ventas otorgadas a dedo, previa eliminación del sistema de licitaciones, gracias a ‘emergencias’ sacadas de la manga.

Una de estas ‘emergencias’ es la que permitió, contrariando advertencias de técnicos especializados en cuestiones eléctricas, que los sabios Hokama y Yoshiyama, previa consulta con el matemático agrario Fujimori, resolvieran, porque les vino en gana –sin coimisiones naturalmente-, la compra de las turbinas de la Central Térmica de Ventanilla, que es la qué ha colapsado con año y medio de uso y es el motivo central del apagón que hoy sufre gran parte del país. Y si a esto se une el inadecuado mantenimiento de la Central del Mantaro, como puntualiza el modesto técnico na­cional, el experimentado ingeniero eléc­trico don Augusto Martinelli Tizón, no se aleja de la verdad quien anuncie que nos hallamos ante una catástrofe monumen­tal. (Ver artículo del ingeniero eléctrico Martinelli Tizón páginas más adelante).

Mientras tanto, pontifican sobre todo lo humano y lo divino, decretando ‘emergencias’ a troche y moche, el ingeniero Yoshiyama –que recién ha obtenido el título en una oscura universidad limeña y cuya mayor hazaña ha sido el desastroso proyecto papelero del velascato–, el ingeniero Hokama –de difusa espe­cialidad– y el matemático agrario Alber­to Fujimori, asesorado por su hermano, Santiago Fujimori, abogado especiali­zado en Relaciones Públicas de la emba­jada de Japón.

Este es el Perú de la Moralización, la Tecnología y el Trabajo sobre el que impe­ra, como un shogun dueño de vidas y haciendas, el señor Alberto Fujimori, dispensador, al estilo medieval, de obse­quios y castigos. Con una particularidad: una cierta sonrisa cachacienta de medio lado, que delata su calidad chicha, si lo comparamos con don Augusto B. Leguía, una de las mayores calamidades de la reciente historia nacional.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Prohibido leer y comer – Revista Oiga 3/10/1994

Un amigo, favorecido por los dioses con el apetito de leer, se quejaba hace unos días de los precios en las librerías y me aconsejaba usar este título —‘Pro­hibido leer y comer’—, diciéndome que, para él, esa frase resumía la impresión que iba teniendo del país, meses después de haberse reincorporado a la pa­tria.

—Los libros están carísimos y los mer­cados también. Yo hago la plaza. No hablo de los restaurantes, porque bara­tos no son en ninguna parte.

De lo que se olvida mi viejo amigo es de las enfermedades. El siempre está sano. Y, por lo tanto, no puede añadir, a las prohibiciones halladas por él, la de enfermarse.

—Sólo falta —añadía yo— que el go­bierno escuche el reclamo editorial de ‘Expreso’ del martes 27 e imponga a la educación el 18% de IGV. Seríamos el país más feliz de la tierra. La Albania del liberalismo. Sin una sola exoneración tributaria, como quiere ‘Expreso’. ¿No sería algo maravilloso que los recibos que nos lleguen de los colegios, institutos y universidades vengan con 18% por IGV?

—No me hagas reír.

Pero así es. Así está escrito en ‘Ex­preso’ del 27: ‘No a las exoneraciones’. Y en tono fundamentalista, de Ayatolas olímpicos, insiste en su credo de que la ley (la única verdadera naturalmente) y las reglas económicas deben ser iguales para todos y “ningún sector o empresa debe gozar de exoneraciones o privile­gios de ninguna naturaleza. Los regíme­nes especiales crean distorsiones en el sistema de precios que hacen ineficien­te el mercado”...

¿Con que a subir 18% los recibos de los colegios y universidades, no es cier­to?... Y es claro que piensan así y les gustaría probar si camina el experimen­to. Porque así está escrito. Eso dice la ley, la única, la infalible... Pero ocurre que siempre pesan los intereses, en este caso los intereses políticos del gobierno de Fujimori, y ‘Expreso’ se olvida que el sector educación está exonerado. No lo nombra. Sabe que, si se tocan los reci­bos escolares y universitarios, los votos se les escaparán al señor Fujimori como hojas de otoño en vendaval.

Aunque también pueda ser que ese olvido se deba a que ‘Expreso’ haya comenzado a entender que las excep­ciones son casi consustanciales a las reglas. Sabe ‘Expreso’, por ejemplo, que las reglas del idioma son severas, pero no tanto para obligarnos a decir cabió en lugar del excepcional cupo. Y lo mismo puede y debe ocurrir con las normas del mercado. Es bueno, es salu­dable que no haya exoneraciones. Es lo sensato, es lo lógico. Y ojala no hubiera necesidad de una sola excepción. Pero la realidad nos indica que la pureza total es imposible, salvo la de los santos y santas, aunque sólo cuando ya llegaron al cielo, no mientras estuviéronles ron­dando las tentaciones terrenales.

Y que ‘Expreso’, al parecer, está ad­virtiendo que las excepciones no son el diablo con cuernos y rabo —siempre, por supuesto, que sean absolutamente razonables-; lo insinúa ese mismo edi­torial cuando, por primera vez, reconoce “que hay muchos países en los que los periódicos y revistas, por esas ra­zones, están exonerados del IGV”. No dice que todos esos países que quebran­tan la sacrosanta ley del mercado sin exoneraciones son los más civilizados, los más democráticos, los más estables, los más desarrollados del orbe. Los más institucionalizados. No revela que en esos países tampoco se paga IGV por la compra de alimentos básicos, medici­nas y libros. En esos países —que ya están desarrollados y muchos de ellos integrados por una sociedad satisfecha—se cuida la salud, la educación, la cultu­ra, las bases del desarrollo. Saben cómo fue alcanzado y por dónde puede perderse. Además, ‘Expreso’ afirma —y no es exacto— que esa exoneración existe en ‘muchos países’ sólo porque la TV no paga por la información y los comentarios que emite y porque “a los periódi­cos y revistas les es difícil (en el Perú es imposible) trasladar el IGV a los vende­dores”. No sólo por esas razones. La principal es otra y la enfocó con preci­sión el Congreso Mundial de Prensa realizado en Berlín dos años atrás: la presión tributaria aleja a los lectores de los periódicos. Es en la actualidad, sen­tenció ese Congreso, el mayor obstácu­lo para la libertad de prensa.

La prensa es libre cuando depende únicamente de sus lectores. Y con 18% de IGV eso es imposible de toda impo­sibilidad. La prueba está en ‘Expreso’ mismo. En los últimos años —como mu­chos otros medios— por su imposibili­dad matemática de asumir ese 18% de IGV, acumuló una gigantesca deuda tri­butaria, que ahora pagará con avisaje del Estado. O sea el Estado te da avisos y con esos avisos le pagas al Estado. Una solución absolutamente disparata­da, aunque también OIGA se haya visto obligada a pasar como carnero por el ‘arreglo’. Porque, ¿qué pasa si el Estado encuentra pretextos para seguir sabo­teando publicitariamente a los medios que lo critican?

La única solución justa y razonable para la prensa es la exoneración del IGV, un impuesto absurdo, que atenta directamente contra la libertad de ex­presión y que impide al periodismo re­fugiarse, cuando es perseguido por el sabotaje del Estado o de los poderosos, en el favor del público, el único sobera­no en una democracia.

Pero no sólo es aberrante el IGV en el caso de la prensa. Quién sabe más lo es cuando se trata de medicinas, de libros y de alimentos básicos. Y, por supuesto, de educación. Por fortuna todavía exonerada del 18% del IGV.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Cuatro sucesos desiguales – Revista Oiga 26/09/1994

Semana de hechos significativos ha sido ésta. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar aceptó el reto de ser candidato a la presidencia, a pesar de conocer - las circunstancias en las que tendrá que competir – “No cuento con el apoyo de fuerzas económicas y menos aún con los variados recursos del poder”- pero también a sabiendas, por experien­cias locales y extranjeras, de que el dinero y el poder no compran conciencias. Se trata de un hecho histórico que se alza contra la vieja práctica política de la reelec­ción, que tan malos resultados dio siempre en el Perú y en América Latina. Aquí, en estas latitudes, la reelección transformó en dioses, impajaritablemente, a los autócra­tas. De este tema, del lanzamiento de la candidatura de Pérez de Cuéllar y del men­saje memorable y preciso pronunciado el jueves pasado por el ex Secretario General de la ONU, se ocupa la revista en las páginas que siguen.

Otro hecho destacable, en cierta for­ma vinculado al anterior, se produjo en la selva: el jefe de Estado, ingeniero Fuji­mori, se subió a un helicóptero de la organización norteamericana antinarcóti­cos, y dio orden de que arrancara. La orden no se cumplió de inmediato y el jefe de Estado montó en cólera, se bajó del aparato y los pilotos -miembros de la po­licía peruana- han sido traídos a Lima, quedando los aparatos inmovilizados. Un nuevo incidente que coloca las relaciones peruano-norteamericanas en un punto de tensión mayor que el producido en época de Velasco con la expropiación de la IPC.

No es del caso, naturalmente, diluci­dar quién tuvo la razón en este incidente. Muchos sucesos del pasado y, ahora, la falta de sensibilidad política exhibida por Estados Unidos en su prepotente inter­vención en Haití, haciendo de policía internacional y poniendo en ridículo a la OEA, nada abonan en favor del coloso imperial. Sin embargo, vale el hecho para un análisis interno de los límites que debieran respetar los jefes de Estado y que en América Latina no respetan, por lo que la reelección en estas naciones se transforma en un trampolín a la perpetuidad monárquica.
Los bienes del Estado, en todo país bien constituido, institucionalizado, no son propiedad de los mandatarios ni pue­de dárseles el uso que a éstos les venga en gana. Como ocurrió, por ejemplo, con un barco de guerra movilizado para custodiar un paseo marino de los hijos del jefe de Estado, ingeniero Fujimori. Y si los mandatarios no deben darles a los bienes de la nación uso diferente al que la ley establece, mucho menos deberían echar mano a la propiedad particular o a la de otros estados, que dan apoyos con fines específicos. Racionalmente no es lógico desviar el empleo de un helicópte­ro, destinado a combatir el narcotráfico, a visitas de saludo y reparto de almana­ques... Pero no sigamos con el tema, porque tan cómico es ver a EE.UU. em­pantanado en Haití, cual elefante deses­perado por aplastar un mosquito, como contemplar a nuestro folclórico jefe de Estado, cubierto de ponchos y chullos, afanado en repartir regalos para com­prar su reelección. Arbitrar entre dos extravagancias es perderse en el vacío.

Las otras dos noticias de la semana son diametralmente opuestas entre ellas. Una es de celebración, de fiesta, de orgu­llo nacional. La otra es una tragedia ho­rrenda, es la dolorosa realidad peruana que nos explota en la cara.

¡Cómo no va a ser hecho jubiloso para todos que el banco Wiese haya logrado presencia, con la bandera del Perú al lado, en la Bolsa de Nueva York! Pero si es motivo de alegría el triunfo internacio­nal de un banco que surgió de la imagina­ción y capacidad empresarial de don Augusto Wiese y la tesonera dirección técnica de don Rafael de Orbegozo, es ocasión para derramar lágrimas de rabia al enterarnos, por un diplomático extranjero, transido de dolor, que ha muer­to de tuberculosis -¡de TBC al borde del siglo XXI!- un joven genio peruano, alumno de una importante universidad.

Los señores de Expreso pueden estar satisfechos. El Joven Wilfredo Ruiz ha muerto tuberculoso porque en el Perú se está cumpliendo con rigidez militar su consejo de que no haya excepción algu­na en materia tributaria, por lo que las medicinas para la TBC pagan 18% de IGV, haciéndolas inalcanzables para los pobres como Wilfredo Ruiz, un mucha­cho de pueblo con una inteligencia superdotada, que había quebrado todas las tablas de medición en los exámenes de ingreso a las universidades. Tampoco se libran del 18% de IGV, para satisfacción de Expreso; la leche, los huevos, el pan, que pudieron salvar de la muerte a Wil­fredo Ruiz. Pero al pobre de Wilfredo Ruiz sólo le sobraba inteligencia pura, no terna la viveza, la cintura intelectual, la picardía comercial’ de los hombres de Expreso. Wilfredo Ruiz no habría podi­do convencer a los militares, como lo ha hecho Expreso, para que ellos, los mili­tares, le proporcionen el dinero para pagar sus impuestos. Y no es que yo esté alucinado. No. Lo que cuento está comprobado en las propias páginas de Ex­preso. El Ejército, que nada tiene que divulgar, no sólo publica constantemen­te avisos en el diario de Orejuelas. Tam­bién da cabida a suplementos -a todo color- colocando al general Nicola di Bari en olor de santidad y mezclando a los dos más connotados miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los jefes militares “que controlarán el proce­so electoral”, frase textual pronunciada por el ministro de Defensa en el CCD. Se trata de los doctores Nugent y Muñoz, justo los dos integrantes de ese jurado con historial nada santo, ligado a los ‘controladores’ del proceso. El suplemen­to del que hablo es de anteayer, sábado veinticuatro. ¿Cuánto pagó Nicola di Bari por él? No con su plata, por supuesto, ni con la de Fujimori, sino con el dinero que el pueblo le entrega al Estado cada vez que compra (con 18% de IGV) una medicina, un pan, un huevo, un vaso de leche, todas esas pequeñas cosas que hubieran servido para que Wilfredo Ruiz no muera y su cerebro privilegiado no se extinguiera an­tes de haber dado frutos a la patria.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Dos delitos en un solo acto – Revista Oiga 12/09/1994

Howard Rodríguez, comandante de la región norte y brazo derecho del general Nicola di Bari, jefe del Ejército y del Comando Conjunto, al ser sorprendido por un fotógrafo de La República en fla­grante delito -repartiendo almanaques de propaganda a un líder político-, re­accionó con grosería, halagos y chanta­jes, violentamente, hasta lograr lo que quería: censurar al periódico. El rollo fotográfico, con las pruebas del delito, fue destruido por los soldados que acompañaban al general. El atentado contra la libertad de prensa no ha podi­do, pues, ser más transparente; y no puede haber mayor evidencia de la pre­sión que se está ejerciendo, desde aho­ra, sobre el electorado, con miras a las elecciones del año entrante. Presión que la ley electoral y el código penal peruanos condenan con varios años de cárcel.

Sin embargo, aparte de unas líneas informativas y uno que otro editorial de repulsa en la prensa diaria, nada más se ha hecho para que el periodismo peruano haga sentir su voz de protesta por este atentado, que no es contra La República, sino contra toda la prensa. Mientras que a las televisoras, salvo alguna excepción, el hecho les mereció unos pocos minutos de desganada in­formación, incluida una media lectura de los comunicados de protesta de las asociaciones gremiales nacionales y extranjeras.

Se trata de un hecho gravísimo, por partida doble. Pero, como si nada hu­biera pasado, “el mundo sigue andan­do”, plácidamente, en el Perú.

También en estos días la fiscal Eguía no ha encontrado huella de delito en las denuncias de la señora Susana Higuchi de Fujimori. La fiscal Eguía ha ‘investigado’ y no ha visto, no ha querido ver, cómo se hicieron humo más de cuatro millones de dólares, girados por este gobierno, en el fantasmal proyecto Pachacutec. Además, ha ‘investigado’ y ha encontrado que es un angelito el ex –ministro Vittor, a pesar, de que, a contrapelo de la ley, su compañía ejecutaba Obras del Estado, ganadas a dedo; y a pesar de las pruebas contundentes, publicadas en OIGA, de los negocios montados en Chile por el señor Vittor con los prófugos del millonario soborno del BCCI, los señores Figueroa.

Todo esto ha ocurrido en la cara del país entero y aquí no ha pasado nada. Ni los fiscales supremos han abierto la boca ni la gran prensa se ha escandalizado con la conducta de la fiscal Eguía. “El mundo siguió andando...”.

En el CCD hay varias voces de protesta, pero se estrellan contra la olímpica frescura de la doctora Martha Chávez que se niega y se niega a mirar lo que hasta los ciegos ven, alegando que OIGA no le ha entregado pruebas sobre Vittor. ¡Pero si las pruebas no están en nuestro poder! Lo que tenemos en OIGA son copias, que el CCD rechazaría por ser sólo copias. Las pruebas están en los tribunales de Lima —hemos señalado en cuales— y en notarias de Santiago de Chile que también hemos precisado. En estos lugares es donde saltará la liebre de Vittor y, si lo quisiera, le será fácil a la doctora Chávez cogerle la cola con las manos. Nuestras copias, que sí hemos cotejado con los originales, son guías precisas para llegar a la liebre, pero no son las pruebas. ¿O es que los particulares, doctora Chávez, pueden sacar copias autenticadas de los expedientes judiciales? Ella sí las puede obtener, cómo Congreso Constituyente. Y también el Congreso tiene fondos para lograr las escrituras de las notarías santiaguinas autenticadas por el cónsul peruano y vueltas a autenticar por el ministerio de Relaciones Exteriores. La doctora Martha Chávez sabe muy bien que, sin esos requisitos, nuestras copias pueden ser verdaderas, idén­ticas a los originales —como lo son—, pero no tienen validez legal.

Naturalmente que las voces discordantes con la doctora Chávez en el CCD son voces perdidas en el desier­to. Porque para eso -para no ser escu­chada- es que está la oposición en ese Congreso, fruto de un acto electoral viciado por la participación activa del Ejército —igual que ahora— y del propio jefe de Estado a favor de la lista de Yoshiyama, quien así salió ‘ungido’ vice­presidente de facto. La oposición está en el hemiciclo de ese Congreso para lanzar palabras al viento y avalar al régimen. Está cumpliendo un tristísimo papel que no puede disimular, alegando que si toda la oposición hubiera interve­nido en esas elecciones hubiera sido otro el resultado. Falso. Esas eleccio­nes, propuestas por ciertos líderes opositores con irreflexiva vocación parla­mentaria y total despiste político, no podían tener otro resultado que el que tuvieron. En los momentos en que se realizaron esas elecciones, en esas cir­cunstancias, el país estaba dividido en­tre partidarios y enemigos del golpe. Y los partidarios del golpe, por diversas razones, eran muchos más. De todos modos, pues, iban a ser mayoría. Ir a esa elección fue un suicidio para la de­mocracia. El autoritarismo subsistió gra­cias al CCD.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - Un pacto tácito, doña Susana y dos chistes – Revista Oiga 29/08/1994

Tema crucial del día son las elecciones del año entrante, cuyo proceso, en el orden práctico, ya está iniciado, aun cuando los candidatos todavía no se decidan a subir al cuadrilátero de la compe­tencia oficial. Candidato es el presidente en ejercicio -amparado en una Constitu­ción dada por un Congreso producto del golpe militar de abril del noventa y dos-; candidato también es el embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien tácticamente vie­ne midiendo a un adversario sumamente poderoso, Alberto Fujimori, por estar éste encaramado en el gobierno y tener a su mano recursos del Estado que usa y usará con abierto descaro en su provecho; y es candidato Ricardo Belmont.

Este es el panorama electoral. Y el electorado sabe que se trata de una pugna entre el gobierno autoritario del señor Fujimori y la oposición a él. Lo demás es hojarasca, vientos de polvo, paracas, que confunden la visión. A un lado están los que creen en la bondad y eficacia del gobierno, precisamente porque -según ellos- es autoritario y eso es lo que nece­sita el país. En el otro están los que, sin negar los logros del régimen, consideran que ese autoritarismo se ha excedido y nos hallamos en una dictadura disimula­da, en un régimen extralegal, sin garan­tías jurídicas, tremendamente centralista y dominado por un ejecutivo unipersonal y una cúpula militar con el control policía­co sobre una ciudadanía huérfana de apoyos institucionales.

El gobierno, sabe que para ganar le basta administrar electoralmente los programas de ayuda social, un apoyo especí­fico y sostenido de sus brigadas militares de confianza, y procurar que haya confu­sión y dispersión en las filas de los oposi­tores al régimen, ya que evidentemente no son fuerzas homogéneas. Otra de sus preocupaciones es cuidar que no se le destapen los guardados de corrupción que ha venido escondiendo.

Para la oposición, si hay sensatez y visión política entre sus diversos inte­grantes, la estrategia para el triunfo tam­bién es muy simple. Parte por mantener vigente el pacto tácito que llevó al NO a la victoria en el Referéndum -el resultado oficial fue distorsionado por las ánforas que, en remotos pueblos, el Ejército aco­modó con 200 votos por el SI en padro­nes de 200 electores, todos vivos, sanitos y coleando; un pacto que nadie negoció, que no tuvo tomas ni dacas, que nadie siguiera conversó. Un pacto que nació de la necesidad de decir NO a la arbitrariedad y al continuismo presidencial. Mantener vigente ese pacto implícito, tácito, sobreentendido, será señal de victoria. Mien­tras que destruirlo o jugar a otras opcio­nes que significarán lo mismo, su destruc­ción, será contrariar la voluntad de una mayoría que ve con recelo la reelección presidencial y tiene conciencia cultural del desastre que significó en nuestra historia el continuismo de Leguía y de otros. El de los militares del 68 para no ir más lejos.

Además de mantener en pie ese pacto popular contra la reelección, o sea contra el continuismo de la autocracia y el tutelaje militar, la oposición debe ser clara en que no se harán cambios en la línea de la modernidad de nuestra economía ni que se cejará en la lucha contra la subversión terrorista, peligro que no ha desaparecido y que, cambiando por, otras las liquidadas banderas marxistas, podría volver a cons­tituirse en un gravé estorbo al desarrollo económico. De allí la importancia que la realidad peruana exige darle a los progra­mas de asistencia y, sobre todo; de desa­rrollo social, como lo ha planteado con precisa visión de las urgencias peruanas el doctor Javier Pérez de Cuéllar.

La fórmula de la victoria es simple: Basta con dividir las tareas; que unos se dediquen a las listas parlamentarias y otros a la fórmula presidencial. Suicida será entremezclar estos dos esfuerzos.

Pero, siendo central el tema de las elecciones, el patético drama de una mu­jer desamparada, sola, acorralada por los enormes poderes del Estado y por la prepotente impiedad de su esposo, me obli­gan a poner unas líneas de ayuda espiritual y de consuelo a ella, a Susana Higuchi de Fujimori, quien, para algunos, se exce­dió, y para otros no, en su propósito de representar a la mujer como algo más que un adorno en la casa o en la posición política en que las circunstancias la han puesto. Circunstancia que no se la dio el señor Fujimori, como él ha dicho con impertinen­te arrogancia, sino los votantes, que no eran fujimoristas -él salió segundo en la primera vuelta- sino apristas e izquierdistas.

Pero no logrará Fujimori taparle la boca a su mujer movilizando tropa armada, cortándole los teléfonos, soldándole las puertas, confinándola día y noche en su despacho, alentando a sus hijos a cen­surar a su madre. Los hechos hablan por ella: Miente el barbita de las dos torres cuando dice que el CCD no hizo otra cosa que aprobar el proyecto -que no era pro­yecto sino borrador- del Jurado Nacional de Elecciones. Miente porque a ese pro­yecto o borrador el CCD de Fujimori le añadió dos líneas, las dos líneas destina­das a que la señora Higuchi de Fujimori no pueda ser elegida ni siquiera parlamenta­ria; un derecho que tienen todos los pe­ruanos, desde el presidente de la Repúbli­ca hasta el último pinche del de las dos torres. Hablan por ella las picaronadas del ex ministro Vittor -todas ellas comproba­das- y los terrenos del Proyecto Pacha­cútec, donde este gobierno -este gobier­no no el anterior- hundió cerca de cinco millones de dólares, de los que hasta aho­ra nadie ha dado cuenta y que el fiscal ad hoc no ha querido investigar para no dejar de ser ad hoc. Y eso es corrupción aquí yen el Japón. Aunque el doctor De la Puente, a pesar de haber sido ministro de Vivienda en la época, no se haya entera­do de ello, como no se enteró que era un abuso sin nombre despedir a un centenar de diplomáticos, por inútiles y maricones según dijo Fujimori. Hablan por ella todas las personas, que no son pocas, que tie­nen los teléfonos controlados o reciben amenazas, algunas tan graves como las hechas a la familia del general Robles, para que éste no vuelva a hablar del cri­men de Barrios Altos -también mencio­nado por la señora Susana-, y las adver­tencias al Canal 11, de que le harían estallar en la puerta un coche bomba. Todos estos son hechos, reales como ro cas, aunque casi todo el mundo los calle. Hablan también por la señora. Susana todas las personas que aprueban -como las ha aprobado ella-las obras realizadas por este régimen, que no son pocas, pero que se quedan mudas de espanto al escuchar al esposo denigrar feamente, en público, por televisión, a la esposa refugiada en un rosario. Injuriar a una mujer empleando la cadena nacional de televisión, abusando de su cargo de pre­sidente, no es un gesto varonil. Así no se educa a los hijos y sí se perturba la moral del pueblo.

Y para concluir dos líneas para otros dos temas: el ministro Camet, con su cara de palo, ha probado ser un excelente político. Sobre todo porque habla poco y es concreto en los temas que conoce. Por eso me extrañó que tocara en días pasados el problema de los periódicos. Probó que no tiene la menor idea de lo que es libertad de prensa. Para su conocimiento le diré que el viejo PRI, en México, usaba el papel para censurar a los periódicos y que el gobierno al que él sirve, el de Fujimori y la cúpula militar, usa el chanta­je de la publicidad, para amedrentar o arruinar a la prensa que no se le doblega. Lo que Camet dijo sobre la distribución de avisos fue una mentira que se la contaron y él repitió tan mal que pareció un chiste alemán.... Y en cuanto a la declaración del presidente del Jurado Nacional de Elec­ciones, de que la mentira en el proceso electoral será condenada con un año de cárcel, me hizo recordar los chistes de las películas antiguas. ¿No sabe el señor Nu­gent que su Jurado no es Tribunal? Si lo fuera ya estaría hace tiempo en la cárcel Fujimori, Nicola de Bari y varias docenas de ministros y autoridades que abierta­mente intervinieron en los últimos proce­sos electorales -CCD y Referéndum-, a pesar de las prohibiciones expresas con­signadas, bajo pena de prisión, en la Ley Electoral de entonces y en el Código Pe­nal vigente. ¿Ingenuo o chistoso el señor Nugent?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Dos mafias controlan el Perú – Revista Oiga 22/08/1994

Hace unos días dije en un programa del Canal 11 que el Perú se halla­ba en manos de dos mafias, una japonesa y otra militar. Lo que es­pantó a algunos de mis amigos. Uno de ellos me comentó luego:

-Creí que no ibas a llegar a tu casa.

Lo que, sin duda, es algo exagerado. No hemos llegado a los extremos gangsteriles de los años treinta. Pero sí es cierto que el país está gobernado por estas dos mafias. Sobre la militar poco o nada podría añadir a las muchas crónicas publicadas en esta y otras revistas sobre los actos de gobierno, con paseo de tanques por las calles, tomadas por la cúpula militar, y sobran los detalles difundidos sobre el asesinato de los estudiantes y el profesor de La Cantuta. También se co­nocen, aunque más soterradamente, la matanza de Barrios Altos y la desapari­ción de universitarios en Huancayo; así como los altaneros pronunciamientos políticos del alto mando militar en diver­sas circunstancias. Tampoco son desco­nocidos los controles sobre las comuni­caciones y más de una vez -no todas- los medios de difusión han dado cuenta de diversas ‘visitas’ -unas veces uniforma­das y otras sin dejar rastro- en las que, por la ninguna justificación policial o por la falta de indicios de robo,- no-pueden dejar de ser gestos clarísimos de ame­drentamiento político, sólo achacables al Servicio de Inteligencia Militar.

Todo esto es verdad y está al margen de los aciertos del régimen en el campo económico; aunque aciertos no tan so­bredimensionados como los quieren ver muchos peruanos y no pocos burócratas internacionales, que se niegan a advertir que, junto a las correcciones inevitables en el campo macroeconómico, se han agigantado los problemas de la deuda externa, igual que el cuadro de extrema pobreza, los índices de desnutrición y la geografía de las enfermedades críticas. También el aterrante poder de la mafia -militar es una realidad que convive con los éxitos del gobierno en la lucha anti­subversiva, éxitos que no son ajenos a la liquidación del marxismo como base ideológica del terrorismo y a la caída del Muro de Berlín, con su consecuente corte de apoyo logístico, moral y económi­co a las subversiones de signo comunis­ta. A lo que es necesario añadir: en los indudables logros antiterroristas de los últimos años -como la captura de Guz­mán, por ejemplo- en nada influyó el autogolpe militar del señor Fujimori. El operativo Guzmán lo tenía montado la Dincote -e iba por muy buen camino- desde mucho antes que se produjera la quiebra del orden constitucional. Esto es historia y no historieta electoral.

Pero en esta oportunidad me toca hablar de la otra mafia que controla al gobierno peruano, de la mafia japonesa, mafia que preside el señor Alberto Fuji­mori Fujimori.

No hay en esta referencia pre­juicio racial. Primero porque, por la in­formación que poseo, la mayoría de ja­poneses e hijos de japoneses que residen en el Perú no forman una comunidad de mafiosos. Y, segundo, porque mal puede caer en este tipo de xenofobia quien, como yo, igual que ellos, recién estoy echando mis propias raíces en estas tie­rras.

Y esto de la mafia japonesa tampoco es un cuento, es historia; que ahora acrecienta su verosimilitud cuando el proble­ma de la corrupción estalla en la cara al propio Fujimori y ya no puede ir dando la callada por respuesta, poniendo cara de palo o abrazando, dándoles credencial de buena conducta, a pícaros comproba­dos como Raúl Vittor Alfaro, ministro en un reducto del primer mandatario don­de, por denuncia que OIGA publica en esta edición, se hace el montaje del mo­dus operandi de la mafia para extorsio­nar a los desesperados del Perú… y quién sabe a otros ciudadanos no tan desespe­rados. El hombre de Palacio en estos operativos es el viceministro de la Presi­dencia Carlos Tsuboyama Matsuda, quien, por lo que se aprecia en los docu­mentos que aparecen más adelante en esta edición, actúa con control remoto sobre otras dependencias estatales.

Aunque es mejor que vayamos al co­mienzo de la historia, para tener una visión más precisa de los hechos y, a la vez, para que el relato de lo ocurrido sirva para poner algo de luz en el enfren­tamiento de la señora Susana Higuchi con el poder de los Fujimori.

Cuando se produjo la denuncia de la señora Higuchi contra sus concuñados por el mal uso que, según ella, se estaba dando a las donaciones japonesas, recibí la visita desesperada de un amigo y de una asistenta de la primera dama. Me venían a pedir protección para la señora Susana.

Yo creí que estaba soñando o que me estaban tomando el pelo. ¿Cómo podría yo, revista de oposición, perseguido eco­nómicamente por el régimen, proteger a nadie, si no lo podía hacer conmigo mismo?

-Lo que queremos es que se sepa lo que ha ocurrido y sabemos que usted es capaz de hacerlo. La señora Susana ha sido secuestrada.

-¿Qué?

-Sí. Creemos que está en el Pentago­nito.

-Bueno, cuenten conmigo. Aunque, desgraciadamente, la revista está ya presa. Será para la próxima semana. Estemos en contacto.

Al día siguiente, el amigo de la familia Higuchi llegó a las oficinas de OIGA e invitó a almorzar a su casa a nuestra gerenta general, Carolina Arias. Ella aceptó y fue, además, en representación mía.

En el almuerzo se presentó la familia Higuchi, totalmente abatida y apesadumbrada, aunque mostrando un gran fervor religioso y mucho coraje frente a cual­quier desastre que les pudiera ocurrir.

-Ustedes -dijo uno de ellos- no tie­nen idea de lo que son capaces los Fuji­mori y tememos por lo que le pueda ocurrir a nuestra hermana. A nosotros nos pueden quitar todo, no importa. Basta que nos queden las manos para volver a comenzar a trabajar. Confiamos en Dios. Pero nos preocupa Susana.

Carolina Arias volvió a dar segurida­des de que haríamos todo lo que estuvie­ra a nuestro alcance...

Sin embargo, al día siguiente, por medio de una llamada telefónica, pidie­ron que no dijéramos una palabra sobre el tema.

OIGA cumplió con lo que se le pedía y meses después apareció como una sombra la señora Susana Higuchi. Y así siguió por mucho tiempo.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Cuando no dan ganas de escribir – Revista Oiga 15/08/1994

La más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía es esa de decir que nada se adelante con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando, que nada se adelanta con decirle en su cara majadero al majadero, porque no por eso la majadería disminuirá en el mundo.

Miguel de Unamuno.

Hay veces, como hoy, en que se siente uno cansado, abatido, sin ánimo de entrar en batalla... ni siquiera contra uno mismo, contra la abulia que se te adentra después de estar tratando de defenderte de la sinrazón tributaria del Estado, sin posibilidad algu­na de que se te entienda que lo absurdo no puede ser norma legal. Quinientos soles de un olvido, error o descuido —demostra­ción de la ineficiencia de la burocracia estatal— no pueden transformarse, en poco tiempo, en más de veintitrés mil soles de deuda. Esto es una exacción, un robo, un juego de cifras ficticias, irreales, totalmente absurdas y, por lo tanto, fuera del campo de lo factual, de la realidad. Y en esa irrealidad ando perdido estos días. Perdido e irritado, porque la irracionali­dad me irrita; aunque más me irrita hacer de carnero, que es lo que estoy haciendo, en vista de que toda la prensa en la misma situación de OIGA —o sea, la casi totalidad del periodismo peruano— se ha sometido a los absurdos chantajes tributarios del gobierno.

No debiera extrañar, pues, que no ten­ga ánimo de escribir una línea, que no sepa qué decirles a ustedes, lectores ami­gos; pues, para escribir, hay primero que ir empollando en la mente algunas ideas para hacerlas parir. Y hoy veo a un lado amodorramiento, acomodo, conformis­mo; mientras crece al otro lado el abuso y el atropello y las maquiavélicas maniobras tributarias para amedrentar a la oposición se hacen himalayas.

Pero son los días en que hay que sacar coraje de esa misma fatiga que nos va venciendo. Eso sólo se logra recurriendo a las admoniciones de quienes, por diver­sas razones del destino, escogimos por maestros, por guías de nuestra conducta y nuestro oficio. También se encuentra rum­bo escuchando, escudriñando, las voces de los lectores.

Por eso esta nota se inicia con una cita de Unamuno. En él, en mi maestro, de ética y de terquedad, he hallado el mismo consejo de algunos amigos: OIGA no debe minimizar su triunfo sobre Raúl Vittor y sobre su protector Fujimori. Las documentadas denuncias de OIGA hicie­ron caer al ministro de la Presidencia y envalentonan a otros denunciantes. Su labor de profilaxis abre camino, es acica­te para los críticos medrosos y desanima a los pícaros en ciernes. Si no fuera por OIGA ese ladrón y mentiroso de Vittor seguiría de ministro, administrando los miles de millones que el fisco obtiene de los impuestos que el pueblo, los desposeí­dos pagan al comer un pan, un plato de tallarines o adquiriendo una medicina. Porque esa es la injusta estructura tributaria que ha impuesto al país este régimen.

Sí, algo ha adelantado OIGA denun­ciando al ladrón Vittor y logrando su re­nuncia. Y más adelantaremos si levanta­mos el ánimo y, poniendo de lado los aspectos adjetivos y personales de la con­frontación de la señora Higuchi con su marido, nos hacemos eco de sus gravísimas acusaciones, que no hacen otra cosa que confirmar las denuncias de la oposición, principalmente desde estas columnas, sobre la corrupción del gobier­no de Fujimori. La señora Susana Higuchi de Fujimori ha hecho ver que no sólo la burla a la Constitución, la arbitrariedad y el autoritarismo campean en el gobierno sino también la inmoralidad y los malos manejos financieros. No es sólo la voz de una ciudadana que reclama sus derechos políticos, caprichosos e inconstitucional­mente recortados por una ley con nom­bre propio —aprobada con premeditación, nocturnidad y alevosía—, sino el reclamo de decencia de una ciudadana que, desde el puesto de Primera Dama de la Nación, observa el latrocinio y la inmoralidad a su alrededor.

Lo que dice que le dijo el chismoso Rey y Rey, las pugnas de sentimientos de una dama herida por los maltratos del esposo, las contradictorias reacciones de una madre amenazada, son el envoltorio adje­tivo, aunque con algunas tonalidades dra­máticas, de una cuestión de Estado que ha adquirido máximo interés público: En el Perú no rige la ley sino el capricho de un Narciso, que en la historia universal —lo ha repetido varias veces— no encuentra una sola personalidad a la que él podría admi­rar; y que, en más de un discurso, ha tenido la osadía de insinuarse como fun­dador de un nuevo Perú con cordón umbilical unido sólo a nuestro pasado precolombino, dejando así de lado, bo­rrando, nuestro ayer occidental y republi­cano. Algo verdaderamente chistoso: un oscuro profesor de matemáticas —si no fuera así hubiera estado en la UNI y no en la Agraria—, un astuto político y mediocre jefe de Estado, ¡pretendiendo deshacerse de Luna Pizarro, de Gálvez, de Grau y Bolognesi, de Piérola y Pardo, de Riva Agüero y Mariátegui! Chiste chicha, de sal gruesa, que da pena y ganas de llorar.

Por fortuna, buenas noticias soplarán desde el sur esta semana. Vientos nuevos prometen barrer los desquiciados delirios autoritarios de estos años, sin alterar los cambios de modernización producidos en esta misma etapa.

Bienvenido, don Javier Pérez de Cuéllar. Peruano medular, enraizado en el ayer y el pasado de esta patria mestiza, con mucho por enmendar, pero con no pocos pasajes y personajes para recordar con orgullo.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ¡Fuji, Fuji, qué grande sos! – Revista Oiga 1/08/1994

Hace muchos años, en Buenos Aires, vi a Perón agitar unos billetes de dólar ante una inmensa multitud, mientras pre­guntaba: -¿Han visto ustedes alguna vez un dólar?

Y la masa rugiente respondía:

-¡No! ¡No!

-¿Qué nos importa, pues, a los argen­tinos el valor del dólar?

Comentó triunfante Perón mientras arrojaba los billetes a la plaza, como si fueran papeles de basura, y ésta rugía:

- ¡Perón, Perón, que grande sos!

Fue ese un simple acto de demagogia de un caudillo ante una multitud encandilada e ignorante. Fue un gesto para lograr el aplauso fácil, para domar como mago la voluntad del público, para jugar con las masas y hacerse coronar como caudillo, como César.

Naturalmente que el espectáculo de ese día en Buenos Aires me hizo recordar a Mussolini y a las ululantes huestes fascis­tas bajo los balcones del Palacio de Venecia en Roma. Vi a un dictador en acción, haciendo teatro en la plaza pública sobre un tema sumamente delicado como era en aquel entonces la devaluación del peso argentino frente al dólar.

Pero Perón ni otros caudillos se hubie­ran atrevido a ofrecer ese mismo espectáculo ante una asamblea cerrada, ante un Parlamento -Mussolini y Hitler no lo te­nían porque consideraban a los parlamen­tos reliquias inútiles del pasado- o frente a un congreso partidario. Les hubiera pare­cido excesivo trasladar la demagogia de la plaza a una sala, donde alguien podría replicar con la razón o una minoría califi­cada retirarse ofendida por el insulto que semejante gesto significaba a la inteligen­cia y a la dignidad de los presentes.

Aquí en Lima, el señor Fujimori se ha dado el gusto de ejecutar en el Congreso de la República ese acto de prestidigita­ción con los billetes. Es claro que lo ha hecho ante un Parlamento motejado con razón de Constituyente y Democrático, porque no ha constituido otra cosa que la reelección presidencial y de democrático sólo es un remedo.

Fujimori lo que ha hecho el 28 de julio es usar el Congreso como plaza pública para ensayarse como caudillo, haciendo que los cecedistas le sirvieran de multitud. Ha colocado al CCD en el nivel que le fijó al convocarlo. De escupidera presiden­cial. Y con el barato gesto de arrojar papeles al aire en pleno hemiciclo parlamenta­rio, en una ceremonia solemne que es simbólica de nuestra nación como Perú y como República, volvió Fujimori a insistir indirectamente en una tesis varias veces repetida y hace poco expresada verbal­mente en el banquete ofrecido por él al presidente boliviano, Sánchez de Lozada: que nuestro porvenir debemos construirlo borrando las etapas posteriores a nuestro pasado precolombino, borrando a Grau y Cáceres, a San Martín y Bolívar junto con los virreyes; porque la tarea de futuro es renovar el Tahuantinsuyo. O sea borrar el Perú... ¡Bueno, al insinuar todos estos disparates -que se parecen a lo del ‘pasado’ vergonzante del Apra, es de pensar que no sabía lo que estaba diciendo en ese banquete, o que su complejo contra el Perú es de siquiatría!

Tirar billetes por los suelos es gesto demagógico para multitudes. No corres­ponde a- un acto cívico solemne y serio. Además sólo en parte es verdad que hoy valgan más los soles que los intis. Y me explico: es cierto que se está controlando la inflación, pero ni ésta está todavía bajo pleno control, ni es suficiente la baja de la inflación para vivir mejor. Hace algunos años Bolivia la llevó a cero y no cambiaron mucho las penurias bolivianas. Del mismo modo, los bajos salarios y la desocupación galopante hacen del Perú actual una aproximación al infierno y no al paraíso que pintó Fujimori lanzando billetes por los aires en el Congreso.
Según explica en esta edición el econo­mista Pennano y lo hacen otros en diver­sas ocasiones, no es tan maravillosa la política económica fujimorista, limitada a seguir al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario. Por lo tanto, si la com­paramos con las políticas de Chile, Argen­tina y México, se comprueba que hemos negociado pésimo nuestra deuda externa y arruinado nuestras exportaciones no tra­dicionales. Y si se ha recuperado la mine­ría, en gran parte gracias al éxito de la lucha antisubversiva -ayudada poderosa­mente por la caída del Muro de Berlín y su consecuente desaparición del marxismo en las universidades-, en el agro se ha pasado de la miseria a la inanición, por falta de apoyo crediticio. Y lo mismo se puede decir si colocamos a un lado la construcción de colegios y al otro la desmoralización y la hambruna del profesora­do.

En cuanto a las privatizaciones, la asombrosa compra de los teléfonos y Entel ha ocultado diversos errores en otras ventas de activos de la Nación -que eso son las privatizaciones- y sirve de cortina de humo a lo que se piensa hacer con Petroperú. Al parecer, si se hace lo que se sospecha, ocurriría algo que podría llegar a ser catastrófico conforme vaya pasando el tiempo.

Tenemos a un jefe de Estado en frenética campaña electoral, construyendo obras que se vean y repartiendo regalos a troche y moche, mientras el despacho presidencial está vacío, sin orientar las soluciones a los problemas nacionales -agro, exportaciones, descentralismo- y sin señalar rumbo en política exterior o distraídamente alentando a Cuba, Haití y Corea del Norte. El gobierno sigue andan­do por inercia, de acuerdo al empujón que recibió del Fondo Monetario y al paso que marca el bombo del Ejército.

De descentralismo y regionalización; aquí no hay nada. Aquí hay puro centralis­mo, concentrado en Fujimori y el Ejército. Tampoco hay institucionalidad alguna. Las únicas instituciones son Fujimori y el Ejér­cito. Y la fiscalización la ordena y manda Fujimori, sin meterse, claro está, con el Ejército. El en persona, sólo él, es la moralización, abrazado a las pillerías del ministro Vittor, a las obras sin licitación, a las facilidades dadas a Zanatti -para que se lleve los aviones de Aeronaves, venda Faucett y sus ganaderías-; abrazado a los militares comprometidos en el narcotráfi­co y a los asesinos de La Cantuta, ascendi­dos a expreso e insistente pedido suyo.

Es claro que hay saldos positivos -¡cómo no lo va a haber después del desas­tre aprista!- y él se encargó de mag­nificarlos y los cecedistas de exaltarlos con sus aplausos. Pero el saldo negativo es horrendo. A la gente no se le convence, se la somete; como se va a someter a los diplomáticos que serán readmitidos en estos días, después de haber sido cesados por abuso y capricho de Palacio. Igual que en otras épocas, como en otras Patrias Nuevas, se construye sin fiscalización, sin planificación, humillando, desmoralizan­do a los peruanos. Formando no ciudadanos sino gente servil y acomodaticia.

Y esto se hace sin grandeza, sin brillo, sin elocuencia, aunque fueren de oropel. Con grotescas imitaciones, como el repar­to al aire de billetes; con mediocridad chicha; con caudillismo bajopontino.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar – Revista Oiga 18/07/1994

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el votó .se emite apretando .un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley pre­sentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperan­zas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate inco­herente.

En uno de sus dispositivos, por ejem­plo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funciona­rio puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre-ha inspirado la legis­lación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una pre­sión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resulta­dos. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcio­nario, cuyo poder llega a todos los rinco­nes del país, pueda participar en eleccio­nes desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cual­quier funcionario, también debiera ale­jarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano dis­parate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bas­taría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio —en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori—, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones si­gue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reeleccio­nes, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fon­dos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral pre­sentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próxi­mos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus car­gos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatu­ra, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial —todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen—que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una bur­la cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para impri­mir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones —todo a cuenta del Estado—; así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de ele­vado criterio, profesionales de nota, gen­tes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candida­to a la reelección las violará cuantas ve­ces le dé la gana y se mofará de “ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico?... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el pro­ceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impu­nemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anta diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país Inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apre­tando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demago­gia. Está bien, muy bien, que se inaugu­ren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luí y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su des­pacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya bue­na enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el 18% al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer gi­ras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colo­carse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repar­tiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer dema­gogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campa­ña electoral.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – La corrupción se tapa con silencio – Revista Oiga 13/06/1994

Como en otras oportuni­dades, que me temo no será la última, en las se­manas pasadas hubo pre­sión para que OIGA ca­llara su campaña contra el ‘picaronazo’ Vittor. Era una presión múltiple e in tensa. Al final, se limitaba a esta frase: Sigues haciendo oposición, pero en este asunto te callas. Ni siquiera te recti­ficas. Sólo te callas. ¿Qué te cuesta?

Y no cuento más porque no viene al caso. Lo cierto es que, de nuevo, había­mos tocado el talón de Aquiles del régi­men: su falta de honestidad. Un punto en el que se sabe débil y se desespera por ocultarlo. Porque en este gobierno hay deshonestidad no solamente en las fal­sas promesas e imputaciones calumnio­sas del jefe de Estado o en los despilfa­rros de sus paseos familiares -en alguna oportunidad se movilizó hasta en barco de guerra para placer de Kenyi y sus amigos-; hay deshonestidad en las obras sin licitación y sin control, concedidas a dedo; hay deshonestidad en el manejo secreto de las donaciones y es deshonesto que el jefe de Estado se pasee por el país obsequiando esas donaciones como si fuera sacadas de su bolsillo. Se habla mucho de trasparencia, pero todo se hace por sorpresa y entre bambalinas, a escondidas. Es tan ‘honesto’ el régimen que la encargada de vigilar las aduanas del país, la señora Higaona, no dice una palabra cuando su hija es descubierta dando exámenes de ingreso a la univer­sidad por medio de otra muchacha pare­cida a ella, a quien se supone se le habría sobornado ¿con las propinas de la niña Higaona? ¿Y es honesto que el jefe de Estado se haya hecho presente en la graduación de su hijo, como piloto de aviación, a sabiendas de que era un acto irregular porque el hijo había sido des­aprobado en seis cursos en el colegio, Io que hacía inválido su diploma de piloto?... La honestidad no es cuestión de montos sino de conducta. Y, si de mon­tos se habla, montones son los millones que los ‘picaronazos’ del régimen han hecho humo, como Fumanchú, sin que les ocurra nada, a pesar de las denuncia: concretas de OIGA. Al contrario, se les ha premiado con embajadas u otras ca­nonjías. ¿Y qué de las decisiones millo­narias que se toman en Palacio y de los miles de millones que pasan por él sin que nadie los controle ni vigile, porque el ‘trasparente’ ordenador de estas transacciones es alguien que no figura en plani­lla conocida ni tiene cargo ni obligacio­nes públicas? Es simplemente Santiago, el hermano. El James Bond del régimen.

Pero el caso Vittor, que es el motivo de estas líneas, ha adquirido otras connotaciones. No por el pobre señor Vittor que, como ya dije semanas atrás, poco cuenta personalmente en este asunto -es apenas otra pieza en el engranaje de la corrupción del régimen-, sino por la complicada acogida que la denuncia de OIGA ha tenido en los medios de comu­nicación. Una denuncia que tuve que hacer pública en conferencia de prensa, como resguardo por las presiones diversas que estaba recibiendo. El respaldo de las radioemisoras fue completa, salvo excepciones muy significativas. La difu­sión radial debe haber cubierto el territo­rio nacional. Pero lo que al gobierno le preocupa es la televisión. Y aquí quedó en evidencia que la declaración de Chapultepec es, para Fujimori, papel para envolver bacalao malogrado. Asis­tieron a la conferencia de prensa de OIGA Canal 11 y Canal 9, este último con un equipo completo, decidido segu­ramente por los mandos periodísticos de la empresa, de acuerdo a la resonancia noticiosa del tema. Además de cubrir la conferencia, el Canal 9 filmó una entre­vista conmigo.

Esto fue al mediodía.

En la tarde, el Canal 4 se interesó por entrevistarme, porque se iba a presentar Vittor en el canal y quería que hubiera imparcialidad. La cita fue a las cinco. A las cinco y media no hubo nada. Se aplazó la entrevista para ‘el día siguien­te’.

Esa noche el Canal 11 dio cuenta del hecho en cuatro o cinco minutos, excelentemente bien editados. Fue un mode­lo de profesionalismo ese resumen. En el 9 no apareció una sola imagen ni se leyó una línea. La conferencia no había exis­tido. El silencio fue total en todos los demás canales. Ni el ministro Vittor ni nadie abrieron la boca. Se había impues­to la política de dar la callada por respuesta. Afirmándose el gobierno en su creencia de que lo que no se habla no existe. Así se borran, con el silencio, las pruebas de corrupción de este régimen. Pero esa política no fue decisión de los mandos periodísticos de esas empresas sino imposición, con chantaje sobre sus otros negocios, del gobierno a los propietarios de los canales, gente fenicia que no tiene idea de las obligaciones culturales y sociales de un medio de pren­sa y que desconoce en absoluto lo que es el periodismo. Los canales, para ellos, son medios de presión para favorecer sus negocios más rentables y tener po­der.

Esto lo podrán negar en cuarenta to­nos y formas, utilizando a sus mejores escribientes, pero las cosas son así, como están arriba escritas. Esa es la verdad. Y en este punto sí no me equivoco porque tengo en la mano la prueba del delito. Porque eso, un delito contra la libertad de prensa, es lo ocurrido…

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - De gansadas y basuras – Revista Oiga 9/05/1994

Semana cargada de cu­riosas novedades y ne­gros nubarrones ha sido la que acaba de pasar. Por un lado, el Congreso da muestras -aunque equí­vocas- de sentirse anima­do a sintonizar con las ideas del buen orden democrático y plantea la 'bajada al llano' del presidente que postule a la reelección y habla de distrito electoral múltiple; mientras que por otros lados se acrecienta gratuitamente la tirantez en las relaciones con Estados Unidos y se Intensifica la división interna en las Fuer­zas Armadas.

Curiosa novedad la que nos ofrece el CCD con la renuncia presidencial seis meses antes de la reelección. Primero, porque de novedoso nada tiene. Es co­pia vulgar de la ‘bajada al llano’ de Ma­nuel Apolinario Odría, el dictador que se presentó a la contienda electoral del 50 con su compadre Zenón Noriega en Palacio y su opositor, Ernesto Montagne, en la cárcel. Naturalmente que peleando solo, teniendo a su sombra por contrin­cante, el triunfo de Odría fue abrumador. En esta oportunidad, el Congreso apo­dado Democrático nos ofrece un candi­dato presidencial -Alberto Fujimori- con una renuncia de seis meses al cargo, pero con Santiago Fujimori y las hermanitas Fujimori en Palacio y Nicola di Bari Hermoza, el socio mayor de la empresa gubernamental Fujimori Fujimori S.A., en la Comandancia mejor armada y al mando del Comando Conjunto. Eleccio­nes al más puro estilo Odría no se pue­den dar. También en esa época se argu­mentó que era injusto pedirle la renuncia a funcionarios de segunda y quinta cate­goría que quisieran postular y no hacer lo mismo con el presidente de la Repúbli­ca. Una grotesca falacia usada, igual ayer que hoy, para disimular u ocultar la verdadera razón del porqué de esa cons­tante exigencia en las legislaciones elec­torales de toda América Latina, salvo raras excepciones, obligando a los fun­cionarios públicos a renunciar a sus car­gos antes de postular a una elección: los legisladores siempre han entendido que en estos lares no es posible haya imparcialidad en una elección en la que parti­cipen los que son gobierno. Y mucho menos si el postulante es presidente de la República. De allí que, en consecuencia con la realidad sociológica de estos estados, con sus usos, costumbres y tra­diciones, sus legislaciones no conside­ren la renuncia presidencial -porque se­ría una mascarada- sino que prohíban terminantemente la reelección de los je­fes de gobierno.

La prohibición, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, para que los presidentes postulen a la reelec­ción no es un capricho legislativo. Es resultado del estudio de nuestras idiosin­crasias y de nuestros pasados históricos, demasiados cargados de aterradores ejemplos reeleccionistas: Díaz, en Méxi­co, Gómez en Venezuela, Leguía en el Perú, Perón en Argentina... Todos ellos reelegidos de acuerdo a las normas dictadas por ellos mismos desde el poder. Igual que Fujimori, elegido de acuerdo a dis­posiciones constitucionales -que él juró respetar- que prohibían y prohíben has­ta hoy su reelección.

En cuanto al distrito electoral múltiple es otra gansada del CCD. Asamblea única de 120 curules de origen comarcano es hundir al Parlamento en el provincia­lismo, en la chatura aldeana, en los plei­tos de comadres. Dividir los 120 asien­tos en nacionales y distritales sería otro disparate, pues la diferencia de origen de los congresistas, dentro de una misma asamblea, crearía una irritante división y pugnas colegiales, que distraerían los debates. Con su novísima apertura, el CCD vuelve a recordarnos que no hay mejor Parlamento que el bicameral. Con una Cámara reflexiva -el Senado- elegi­da en distrito electoral único, nacional, con postulantes ya maduros y represen­tativos de los hombres que han llegado a tener resonancia en todo el territorio nacional. Y una Cámara baja, de diputa­dos, representativa de las regiones y las provincias, con elementos más jóvenes, más vigorosos, más comprometidos con la voluntad popular y los intereses provincianos. Eso es Parlamento y no la Asamblea unicameral de distrito único -como la diseñada en la Constitución del CCD-, que significa el control de las elecciones desde Lima, desde las cúpulas partidarias. Mientras que la de distrito electoral múltiple seria lo que hemos dicho más arriba: transformar el Parla­mento en una olla de grillos comarcanos.

Pero otros han sido los hechos que han puesto en tensión a la opinión públi­ca. El menos, sonado, pero no por soterrado de poca intensidad, ha sido la cada vez más tensa fricción en las rela­ciones peruano-norteamericanas, con­cretada en las agresivas reacciones del ministro de Justicia y en las suspicacias norteamericanas -al parecer basadas en pruebas documentales- sobre lo que está ocurriendo en el Huallaga, zona donde más que reales operativos militares se estaría desarrollando una gran maniobra sicológica para aparentar una 'victoria' que levante la figura electoral de Fujimo­ri. Es claro que la maniobra es real, con tiros y con rockets, con tropa invadiendo la zona, lo que habría causado no pocos crímenes horrendos, de los que no faltan testimonios muy verosímiles, recogidos por periodistas, cecedistas y por alguien que no puede ser tildado de extremista ni de enemigo del régimen, como Francisco Diez Canseco Távara, presidente de la Comisión de Paz.

Pareciera que al ver desvanecerse el proyecto reeleccionista de Fujimori fren­te a la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar, el gobierno pierde los papeles y se desborda desesperadamente, sin me­dir las graves consecuencias de un enfrentamiento con Estados Unidos.

Pero donde Fujimori y su guardia pre­toriana se han dejado arrastrar por el odio y la sinrazón es en el juicio que le abrieron a los generales en retiro que, con frecuencia, opinan en diarios, revis­tas, radios y televisoras. Son todos ellos oficiales brillantes, con juicios claros y de interés, que por eso son solicitados por la prensa para que se expresen pública­mente. Todos han sido condenados por opinar, por hacer uso de un derecho consagrado por la Constitución en favor de todos los ciudadanos. Y ellos lo son. Aunque no ciudadanos del común, sino de la elite pensante del país.

Grave injusticia se ha cometido con­tra los generales Cisneros, Pastor Vives, Jarama y Parra. Pero contra el general Salinas Sedó se está llegando al delirio de la sevicia. A él se piensa condenarlo a cuatro años por hacer uso de su libertad de expresión y en un expediente de la Caja Militar, en la que aparecía como testigo, se le ha transformado en acusa­do. Contra viento y marea, contra los más elementales dictados de la ecuani­midad política se le quiere mantener encarcelado al general que tuvo el gesto altivo de cumplir el mandato constitucional de sublevarse ante la violación militar de la Carta Magna. Al verse obligados, por la presión internacional, a ponerlo en libertad por el delito de obedecer a la Constitución, Fujimori y su guardia pretoriana, los golpistas del 5 de abril del 92, han decidido endilgarle otros juicios y otros castigos. Lo que quieren es do­blegar moralmente, con la cárcel, al ge­neral Jaime Salinas Sedó. Lo que no saben los pretorianos de Fujimori es que los hombres de a verdad mueren de pie, con la frente alta, mirando al cie­lo, no a la basura. Aunque ¿por qué decir que Salinas Sedó no obtendrá justicia y pronto?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – En el reino de la amoralidad – Oiga 2/05/1994

Hace, años ya, cuando se hacía visible que el manda­tario de entonces no sólo era un joven irresponsa­ble, de verbo florido, sino también un desaprensivo acumulador de residencias y otros bienes, OIGA logró demostrar que eran ciertas esas alarmantes aprecia­ciones. Los documentos cantaban la ver­dad: las minuciosas y públicas cuentas del mandatario no cuadraban. Había quedado fuera de su exhaustiva contabi­lidad, por lo menos, una residencia en la playa. En resguardo de la moral pública, cumpliendo lo que creía era su deber y no en gesto de animadversión política, igual que lo había hecho en mil otras oportunidades en el curso de su larga historia, OIGA alzó la voz y persistió en su denun­cia. Ya no había argumentos ni cifras para responder. Ya no hubo cartas alti­sonantes del mandatario, leídas en el Senado, contra el que estas líneas, escri­be. Esa vez, como otras veces en otros tiempos y, sobre todo, en los actuales, se dio con éxito la callada por respuesta. Y peor aún: nadie acompañó a OIGA en la denuncia. En ese entonces Alan García estaba en el apogeo del poder y dispen­saba sus favores a lo doce apóstoles, los mismos que luego lo satanizaron -cuan­do les tocó el bolsillo- y que hoy han vuelto a la mesa de los repartos, teniendo a Fujimori de redentor de sus tribulacio­nes. Nadie se quiso alzar contra el poder. Los apóstoles por satisfechos y sus ami­gos por comodones. Esa loca democra­cia le estaba haciendo daño a la demo­cracia y al país, pero les iba bien con ella y ellos, según se dice sin que protesten, “no son políticos sino negociantes". Otros -muchísimos- callaron por temor. El poder era Alan. Nos quedamos solos. Y la callada por respuesta resultó triun­fante.

Valgan estos recuerdos no como can­sado repaso del pasado sino como advertencia de que OIGA está acostumbrada a quedarse sola y no le importa que ahora le vuelva a ocurrir lo mismo en el caso Vittor. También sirva el recuerdo como referencia a la preocupación constante de OIGA por ser fiel a una conducta principista, no de circunstancias. No es, pues, ánimo político contra el régimen del señor Fujimori, desenfreno ciego y gratuito contra el ‘enemigo’, lo que nos lleva en estos días a señalar la incapaci­dad del señor Raúl Vittor para ser minis­tro. Es preocupación moral lo que nos alienta a actuar como actuamos, es in­quietud porque el país mejore, en sus relaciones humanas, en el respeto a los derechos del vecino, en la adecuación de las conductas cívicas a normas superiores a los apetitos personales. Y es cierto lo que dice el ministro Vittor: que nadie se ocuparía de él ni de sus fechorías santiaguinas si no fuera porque hoy es ministro de Estado. Es cierto, las acusaciones que se le hacen son políticas: ¡Qué tal descubrimiento señor Vittor! Claro que nos ocupamos de él no porque sea el constructor Vittor sino el ministro Vittor y más todavía por ser ministro de la Presidencia, por ser el agente promotor de la candidatura a la presidencia del actual jefe de Estado, Alberto Fujimori. Sí, es verdad lo que dice. Si no fuera político, de Vittor nadie se ocuparía, a nadie le importaría sus negocios y encubrimientos, fuera del grupo de sus ami­gos y, sobre todo, de sus damnificados, porque también hay damnificados en esta historia santiaguina. (Ver nota).

Cuando se mete uno a político, señor Vittor, se pone uno en candelero para, desde esa situación expectante, ser ejemplo de discreción, cordura, efectividad, o ser piedra de escándalo. El político actúa para la colectividad, señor Vittor, y es juzgado por ella, por el público, no por su círculo amical. Ese es el riesgo de meterse a político señor Vittor. No es tarea fácil y, menos, cuando se es piedra de escándalo y eso, piedra de escándalo, es el actual ministro de la Presidencia, gracias a su escandalosa relación con un prófugo de la justicia y a las acusaciones judiciales que se le hacen en Santiago de Chile. Para sortear los escollos que estas situaciones presentan se requiere el respaldo de los tanques militares -el señor Fujimori, el de las construcciones con evasión de impuestos, le puede explicar a Vittor cómo se hace para lograrlo- o vivir en un país como el Perú de hoy, donde las nociones de la moral han desaparecido, donde la ética ha entrado en desuso, donde saciar apetitos personales es la meta de las minorías dirigentes y dónde los egoísmos, las ruindades útiles, el afán de lucro vuelan como buitres satisfechos sobre famélicas multitudes. Vittor, el de la doble t, está salvado. Lo ha salvado hallarse en el reino de la amoralidad.

Y en este punto es imposible pasar por alto recientes declaraciones del decano del Colegio de Abogados sobre la reelección de los miembros del CCD. Chocan con tal violencia en cualquier sensibilidad con un mínimo de sentido moral, que callar sería un crimen de en­cubrimiento. Y no callaremos; agregan­do, eso sí, nuestra sospecha de que la versión periodística ha podido suprimir matices que en algo podrían haber mori­gerado el desagradable impacto de esas declaraciones.

No somos abogados y no es en el terreno estrictamente legal que plantea­remos nuestro horrorizado rechazo a la tesis de que “no hay prohibición alguna para que los congresistas (del CCD) sean reelegidos”. ¿Cómo que no hay prohibi­ción alguna? ¿Es justo, puede ser válido ante la justicia, ante la verdad, ante el orden moral, que quienes se presentaron a una elección con el compromiso a firme, escrito y solemne de que no inten­tarían ser reelectos, redacten una Cons­titución que deje sin esclarecer el punto y después se consideren con derecho a la reelección? Sin entrar en consideracio­nes en torno a los alcances legales de las obligaciones contraídas entre electores y elegidos -sobre lo que los juristas mucho podrían decir- ¿es posible que puedan ser olímpicamente saltados a la garrocha por los abogados los mandatos de la moral, del compromiso ético admitido no sólo en conciencia -que ya es bastan­te- sino cumplido de acuerdo a normas publicadas, conocidas por los votantes y tomadas como obligatorias por los candidatos? ¿Qué cosa es la ley, entonces? ¿Qué cosa es la justicia?

Sólo en un país sin moral, en el reino de la amoralidad, puede darse lo que estamos viendo, viviendo y sufriendo en el Perú.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - De Brecht a la modernidad – Revista Oiga 28/03/1994

Como en la archiconocida y millones de veces citada conseja de Bertolt Brecht -también siempre olvidada en el momento oportuno-, el alcalde de Lima, Ricardo Belmont, acaba de descubrir que el gobierno de Fujimori es una autocracia, una dictadura, que ha disuelto, con violencia y con engaños, las instituciones nacionales; encade­nando a los municipios -que son el em­brión de la vida democrática- al capri­cho del Poder Ejecutivo.

Olvida Belmont que el 5 de abril de 1992, el día del golpe militar con Fujimori de mascarón de proa, él se negó a condenar lo que ese día ocurrió. No atinó a convocar al pueblo, no se alzó en representación de sus votantes, no quiso sentir los calores de la indignación en defensa de la democracia y de la volun­tad ciudadana expresada en las urnas. Se negó a considerar que el Poder Le­gislativo, aparte de la cuestión adjetiva de los sueldos, no puede corromper ni ser corrompido por nadie si no es en complicidad con el Ejecutivo. Tampoco quiso admitir que no es despachando a sus casas a los jueces, con una bayoneta en la espalda, como se podía corregir las corruptelas de la Justicia. “El golpe -pensó como los personajes de Brecht- va contra el Parlamento y el Poder Ju­dicial. No vendrán por mí”. Y se calló. Calló durante muchos días. Hasta el 23 de abril, fecha en la que ya todas las instituciones con un poco de rubor en la cara habían protestado por la violenta, inconsulta, inexplicable e innecesaria in­terrupción del orden democrático y constitucional. Ese día, cuando hasta ‘Expreso’ -el vocero más descarado del régimen de la ‘reconstrucción nacional’- había expresado su repudio formal al golpe de Estado, también Belmont pu­blicó su propio y débil comunicado de rechazo a la ruptura del orden constitu­cional. El 23 de abril estaba probado que no era peligroso hacerlo, pero –‘por siaca, hermanón’- no dejó de añadir esperanzas de que pronto se restablece­ría el orden conculcado, bajo la sabia dirección, claro está, del señor Fujimori; “creyendo, como miles de peruanos, que el gobierno buscaba el bienestar del Perú”.

No se -dio cuenta Belmont, igual que los personajes de Brecht, que el Parla­mento era una institución, como los municipios, con el mismo respaldo electoral que él y que Fujimori; y que las democracias dejan de ser lo que son, mueren, cuando se rompe el equilibrio entre las instituciones libremente elegi­das. No quiso entender Belmont que, aceptando el empleo de la fuerza militar contra una de ellas, daba permiso para que todas fueran violadas.

Hoy, Belmont llora porque la viola­ción ya lo alcanzó. Llora y llora... pero es tarde. No tiene quien lo ampare. Y lo triste es que le asiste toda la razón en sus lamentaciones. Es verdad, es cierto, que los municipios, como instituciones representativas de las comunidades ciuda­danas, han sido atropellados tanto por la constitución fujimorista -que no fija, como la anterior, lo que son bienes y rentas de las alcaldías-, como por la autocracia fujimorista. El decreto legis­lativo Nº 776, con el pretexto de repartir equitativamente los fondos municipales, establece una inaceptable dependencia de todas las alcaldías del Perú al Poder Ejecutivo, amén de dejar en la inopia al municipio de Lima. Es el retomo al centralismo, quién sabe el mayor de los males que ha sufrido este país, centrali­zado por los Incas, por los virreyes y por los presidentes, muchos de ellos prede­cesores autocráticos de Fujimori. Se trata de un cáncer casi congénito del que, con gran dificultad, íbamos salien­do poco a poco. El decreto legislativo 776 significa, en asuntos municipales, volver a hacer de Lima, del Palacio de Pizarro, la Corte de un Virreinato. Esta vez no con virreyes en lo alto sino con un jefe de Estado que, al parecer, quisiera aproximarse al modelo cultural que Asia está oponiendo a la democracia europea que los Estados Unidos tratan de impo­ner en el mundo. El premier japonés, Morihiro Hosokawa, ha dicho con descamada claridad, frente a las tiranteces entre China y Corea del Norte con Esta­dos Unidos, que el concepto occidental de derechos humanos no debe ser apli­cado ciegamente a todas las naciones. “No es correcto imponerle una demo­cracia de tipo occidental, o europeo, a los demás”, precisó Hosokawa en Bei­jing. ¿Cómo será la democracia asiática? Se parecerá a la idea suche de Kim II Sung o al régimen de ‘reconstrucción nacional’ de Fujimori? Peor aún: ¿por qué los derechos humanos no pueden ser iguales para todos los hombres?

Hace muy bien Ricardo Belmont, aunque tarde, en alzar la voz, haciendo ver las entrañas autocráticas del régimen surgido del golpe militar del 5 de abril de 1992 y del celestinaje de la OEA.

Pero Belmont no está solo. Lo acom­paña en descubrir, recién hoy, que el gobierno de Fujimori es una dictadura, el ex ministro de Economía, el 'preferido' de Fujimori: el vehemente Carlos Boloña. Aunque no son iguales las reacciones de Belmont y Boloña. En éste, el resen­timiento es mayor. Estuvo mucho más cerca de Fujimori. Y sus desahogos son en público y en la intimidad. Se duele -y se duele mucho- por no haber seguido el consejo de los amigos que lo instaban a renunciar el 5 de abril del 92. Pero su mujer le dijo: Fujimori te quiere.