FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – A la guerra dile no – Revista Oiga 6/02/1995

Cuando leí, la semana pasada, la correlación del poderío militar entre el Perú y Ecuador me sentí no como un gato sino como un tigre acorralado por un ratón. Sentí la extraña sensación de seguridad y ridículo al mismo, tiempo. Es tan enorme la superioridad peruana en armamento, a pesar de que pudieran ser ciertos algu­nos comentarios sobre la inoperabili­dad de parte de esas armas, que. veo ,imposible una derrota nacional y, a la vez, se me hace incomprensible la fatigosa lucha en los pantanos de la Cordi­llera del Cóndor, no porque no comprenda que el enfrentamiento militar en semejantes condiciones iguala a los combatientes, sino porque no entiendo cómo es que tan poderosa fuerza arma­da no haya estado vigilante sobre una pequeñísima franja de frontera, por donde, desde años atrás, los ecuatoria­nos se vienen infiltrando en nuestro territorio. De allí la sensación de ridícu­lo que tengo, de tigre acorralado por un ratón. Sensación acrecentada cuando recuerdo el famoso ‘pacto de caballe­ros’ del año 91, entre el solemne Torres y Torres Lara y el mendaz Diego Cor­dovez. Acuerdo que consintió la pre­sencia ecuatoriana en suelo peruano y que anticipó los amistosos viajes del jefe de Estado al Ecuador, viajes que el señor Fujimori calificó, en su mensaje a la Na­ción del 28 de julio del 92, de más impor­tantes que el Protocolo de Río y las bata­llas del 41. Declaración que no extrañó en quien ha persistido en afirmar que él no admira a nadie en la historia.

Esa seguridad en el poderío militar peruano, es la que permite al general Luis Cisneros increpar al Servicio de Inteligencia —tanto al Nacional como a los específicamente operativos— y pre­guntarle ¿dónde estuvo cuando las infil­traciones ecuatorianas se fueron asen­tando en territorio del Perú? Y esa seguridad es la que impulsa al embaja­dor Javier Pérez de Cuéllar a demandar al gobierno para que explique desde cuándo están los ecuatorianos en nues­tro suelo y por qué, cuando ingresaron, no fueron desalojados de inmediato.

El Perú es, sin duda, muchísimo más poderoso militarmente que Ecuador y no corre el menor riesgo de una derrota militar. Pero esa situación de Goliat frente a David obligaba y obliga a una cuidadosa y constante vigilancia —mili­tar y diplomática— de su frontera. Más aún la de zonas conflictivas, como la Cordillera del Cóndor. Porque las emer­gencias bélicas, como la actual, signifi­can costos gigantes que arruinan las economías de cualquier país en desa­rrollo y lo desarticulan.

Oportuna vigilancia que el régimen no ejerció, a pesar de los reclamos que se hacían, como éste del doctor Guiller­mo Hoyos Osores, publicado el 28 de noviembre del 94 en El Comercio: “Es indispensable, por múltiples razones, que la política internacional del Perú sea reflexiva y previsora. Desdichada­mente la del actual gobierno ha sido hasta hoy ligera, improvisada y desco­nocedora, u olvidadiza, de cosas que debería tener muy en cuenta”.

Por fortuna, el conflicto bélico que afrontamos en estos días, ha tenido la virtud de despertamos y de colocamos frente a la realidad. La Cancillería ha retomado la brújula y estamos ahora en buen rumbo diplomático, mientras la acción militar se desarrolla dentro de las dificultades del terreno en que se desenvuelven y que ojalá concluya pronto con un alto el fuego y una pron­ta paz definitiva.

Al parecer, por la actuación de nues­tros diplomáticos en Río, el gobierno ha dado las espaldas a una política externa que el doctor Hoyos juzgaba así en noviembre pasado: “El supuesto de que nuestra política exterior debe ser un sistema de actividades ‘pragmáticas’ dirigidas con criterio ‘gerencial’, como han dicho altos funcionarios del gobier­no, es un error peligroso que trasluce poco conocimiento de algunas de las más importantes y delicadas funciones del Estado. Un concepto tan estrecha­mente simplista es por entero extraño a la compleja naturaleza de la realidad internacional, ahora ‘globalizada’, en la que estamos inmersos”...

Pero si se aprecia habilidad e inteli­gencia en el campo diplomático, no deja de haber yerros en esta batalla que también se desenvuelve en el terreno militar y en el de la información. Sobre los hechos castrenses no opino porque se desconocen y no soy experto en armas, tácticas y estrategias. Pero sí observo y no puedo callar que, en el terreno de la información, estamos siendo derrotados: se ha generalizado la idea de que, esta vez, es el Perú el que ha iniciado las acciones bélicas. Se cree a pie juntillas, en Europa y en América, que nuestro gobierno pensó capturar en 48 horas los asentamientos ecuato­rianos de la vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor y de que, con esta rápida victoria militar, aseguraba la reelección de su caudillo civil y la continuidad del actual régimen de de­mocracia vigilada. También se ha gene­ralizado en el exterior la creencia de que esos asentamientos son de hace muchísimos años, con lo que se le con­cede a Ecuador derechos de posesión... A lo primero responde el gobierno pe­ruano, en escasísimos comunicados y más escasas declaraciones, que el ata­que partió del Ecuador, afirmando, sin prueba fotográfica alguna, que un heli­cóptero ecuatoriano bombardeó un puesto peruano de vigilancia. Y no ex­plica si esta acción se produjo en apoyo de un ataque de infantería. A lo segun­do nada dice, pudiendo explicar que al concluir el, conflicto de 1981, en la separación de fuerzas, el Ecuador reco­noció, ante los garantes o ‘países ami­gos’, que la vertiente oriental de la Cor­dillera del Cóndor, o sea la totalidad del río Cenepa, es territorio peruano y la vertiente occidental suelo ecuatoriano. Y que sólo desde hace unos cuatro años se han producido las actuales infiltra­ciones... No lo dice —preocupado ex­clusivamente por el frente interno—para no confesar su descuido y para que no se vuelva a hablar del disparata­do ‘pacto de caballeros’ del año 91.

Teniendo toda la razón y siendo clarí­simos sus argumentos, el Perú calla y se deja ganar la batalla informativa. No tie­ne voceros, no hace publicidad a su cau­sa, no divulga sus derechos... Y el jefe de Estado —el único vocero, junto al general Hermoza, quien dice ser sólo un soldado a órdenes del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas— no asiste a la reunión de los presidentes de los países bolivarianos, dejando la tribuna de Cumaná a libre disposición del presidente ecuatoriano. Lo que significa otra derrota en el terreno informativo. Una derrota tan grave que no veo cómo pueda ser compensada por el éxito diplomático que algunos le con­ceden a ese desaire.

Se dirá, como ha dicho alguien, que de nada valen estas batallas; que lo importante es ganar la guerra. ¿Pero qué ganamos con ganar la guerra, si en las guerras todos pierden y más los países pobres como el Perú y Ecuador? Espero no caigamos en una escalada militar y en la guerra. Conformémonos con poner los hitos en la Cordillera del Cóndor y no a cañonazos sino conven­ciendo al mundo de lo que es cierto: de que la justicia y la razón nos asiste.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - No es momento de recordar, sino de unida nacional – Revista Oiga 30/01/1995

Los acontecimientos bé­licos de la frontera norte -muy graves según los in­formes oficiales- acapa­ran la atención ciudada­na. Y es hora, por lo tan­to, de unidad nacio­nal, de compacta reacción cívica en torno al gobierno en funciones y a los hombres que empuñan las armas de la nación. También seria la gran oportuni­dad paró para que el jefe de Estado convoque a los peruanos ilustres y a los candidatos de todas las tiendas para que colaboren con el Perú en las complicadas tareas diplomáticas que han de seguir a la confrontación armada. Por algo el doctor Javier Pérez de Cuéllar, el peruano más distinguido y cabeza de la diploma­cia mundial durante años, ha suspendi­do su comprometido viaje a Francia, quedándose en el país para observar el desarrollo de los incidentes fronterizos a la vez, exigiéndole al gobierno in­formación completa de lo sucedido para actuar en consecuencia.

El imperativo de la hora es la unidad nacional, es el deber que impone la realidad. Y, más bien, no es ocasión para recordar, por ejemplo, que cuando se toman decisiones económicas, no es sensato cerrar los ojos ante hechos rea­les como él que estamos afrontando en el norte. No es momento de pensar, aunque tengamos muchísima razón, en que son anacrónicas y absurdas las gue­rras y las fricciones fronterizas. Ahí es­tán, duras como piedra, a la vista del mundo entero; y son parte de la realidad de la vida. Tampoco es momento para llamar la atención sobre la ingenuidad de quienes, para privatizar, se guían por catecismos de moda, por la hechiza divinidad del mercado, sin atender las duras realidades del día y las enseñanzas de la historia. Aunque quién sabe no sea ocioso hacernos, ahora, la pregun­ta de si el petróleo es o no es una riqueza estratégica y si convendría o no vender nuestras refinerías a capitales ecuato­rianos o de cualquier otro país vecino. Quién sabe no deje de ser prudente que estemos haciéndonos permanentemen­te esta pregunta, mientras la realidad mundial no cambie, mientras no llegue el día en que, a plenitud, los capitales no tengan patria. Porque la verdad es que, hasta hoy, la realidad nos recuerda que no siempre los capitales pierden su nacionali­dad; y nos enseña que en la vida hay excepciones que es necesario tomar en cuenta.

Los incidentes de la frontera norte -muy graves según versión oficial- obli­gan a los peruanos a actuar unidos y a olvidar sus rencillas internas. En este tema, la peruanidad debe tener una sola voz, reclamando se establezca la paz estipulada en el Protocolo de Río, trata­do que arrebató al Perú grandes exten­siones -que resultaron siendo con el tiempo la zona petrolífera ecuatoriana­, pero que señalaron definitivamente la línea fronteriza, línea detalladamente reconocida por las partes, en mil nove­cientos ochenta y uno. Es hora, pues, de unión nacional en defensa de nuestra integridad nacional.

No es el momento de recordar las voces de alarma de esta revista cuando se dejó vacante ¡por dos años! la emba­jada peruana en Brasilia, sede principal de los garantes del Tratado de Río. Ni es hora de volver a reprochar la populista diplomacia personal del jefe de Estado, que alentó vanas esperanzas en el Ecuador y actuó con ignorancia plena del problema, tomándolo exclusivamente en sus manos. Tampoco viene al caso recordar el infeliz ‘acuerdo de caballe­ros’ suscrito por el canciller Torres y Torres Lara y Diego Cordovez, el men­daz ministro ecuatoriano. Acuerdo que no devolvió las bases ecuatorianas a su territorio y admitió, saliéndose del Pro­tocolo, una disparatada tierra de nadie. Es hora de acción, unidos, hacia el futu­ro. Ya habrá tiempo más adelante para ventilar errores que jamás debieron co­meterse y en los que no se hubiera caído si los técnicos de Torre Tagle hubieran sido consultados y no disueltos.

Roguemos porque el conflicto bélico sea corto y no nos arruine. Y espere­mos que, por segunda vez, nuestros derechos en la Cordillera del Cóndor queden esclarecidos a la luz del Proto­colo de Río y no de otro ‘acuerdo de caballeros’ que vuelva a dejar semillas de tensión en territorio nacional.

Mientras tanto, el curso de las activi­dades nacionales no debe detenerse -situación que sólo podría darse en el caso extremo e ineludible de que llegue­mos a la guerra- y, como es lógico, ha de insistir esta columna en la actualidad electoral, en los indicios de fraude que se van acumulando y que el enviado de la OEA, el medroso señor Murray, se ha obligado a admitir ante las evidencias, pero llamándolas ‘irregularidades’. Para el arcangelical señor Murray, quien dice haber venido para observar el proceso actual ¡y para hacer e seguimiento del destino que tuvieron las denuncias de la OEA sobre las ‘irregularidades’ de las elecciones para el Referéndum y el CCD!, no indica voluntad de fraude, de trampa, la carta que el alcalde de Cha­chapoyas le dirige al prefecto regional, la autoridad política de la zona. A pesar de que en su carta el alcalde da cuenta al prefecto que ha recibido “encargo de las Autoridades del nivel Central de organizar y trabajar en el ámbito del Dpto. de Amazonas los comités de Apoyo a la Reelección de nuestro señor Presidente” (sic). También para el arcangelical señor Murray es una sim­ple ‘irregularidad’ otra de las pruebas que le ha presentado la UPP: un oficio dirigido al presidente del Congreso y líder del gobierno, señor Jaime Yoshi­yama, en el que diferentes autoridades del ministerio del Interior y otras depen­dencias gubernamentales le dan cuenta de sus actividades en favor de la reelec­ción del jefe de Estado.

¡Buen observador nos ha enviado la OEA! Pueda que el señor Murray llegue a enterarse que las ‘irregularidades’ del Referéndum y de las elecciones parlamentarias, denunciadas en secreto por su predecesor, el inefable Gonzales, fue­ron a parar muy eficazmente a los basu­reros de ese armazón legal que él ha encontrado normal. Su descubrimien­to, si lo logra, a pesar de ser conocido por el Perú entero, nos servirá para informarnos que la OEA hará el segui­miento del fraude de 1995, con una eficiencia supersónica, a inicios del nue­vo siglo. Con lo que quedaremos encan­tados, sufriendo felices, igual que aho­ra, las consecuencias del fraude o tram­pa electoral.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Contra el fraude: lucha sin cuartel – Revista Oiga 23/01/1995

Varios, radios y televisoras han empleado espacios y tiempo ilimitados para informar, hasta con excesivo detalle, sobre la huelga de hambre de la señora Susana Higuchi de Fujimori y sobre las consecuencias que esta huelga le ha acarreado a su salud, ya muy quebrantada por culpa del pavoroso drama emocional que viene sufriendo, surgido de sus deberes conyugales puestos en confrontación con el descubrimiento de conductas palaciegas contrarias a su concepto cristiano de, la moral. Sin embargo, muy pocos de esos medios, quién sabe sólo algunas radios y canal 11, han consignado opiniones a favor de la tesis sostenida por ella, conde­nando, por prevaricador, el fallo del Jurado Nacional de Elecciones que anula la inscripción de su lista parla­mentaria por razones que el Jurado ha expuesto sin claridad y con contradic­ciones entre sus miembros opinantes. Y no es que no haya opiniones ilustra­das que le den la razón a doña Susana. Al contrario, abundan los constitucio­nalistas que coinciden con el doctor Javier Valle Riestra en la invalidez de ese fallo. No abundan más bien las otras. Por lo que todas las declaracio­nes publicadas, convalidando la con­ducta del JNE, y que son las que han sido destacadas en diarios y televiso­ras, pertenecen a la misma cantera. Se trata de elementos que, en la prác­tica, haciéndose pasar por opositores al golpe militar del 5 de abril de 1992, no han hecho otra cosa que avalarlo con su ‘oposición’ oficial al régimen militar que nos gobierna.

No se necesita tener doctorado en leyes para entender que es un dispa­rate afirmar —contrariando el texto legal— que pierde su derecho a en­mendar errores, dentro de los cinco días posteriores a la notificación de los mismos, quien cumple con inscri­birse en el plazo establecido por ley, sólo porque lo hizo ‘a último minuto’. Tamaño despropósito no está consig­nado en la norma legal y no cabe en una sesera racional que los plazos sean en un tramo con derecho a re­clamo y en otros no; salvo la vigencia de una estrambótica ley que así lo señale, que no es el caso. Lo normal es que los plazos sean plazos, que se cumplen o incumplen. Y quienes han cumplido con la presentación de sus candidaturas en la fecha señalada, tienen la opción de corregir errores dentro de un nuevo plazo, de cinco días, a partir de la notificación del Jurado. Eso es lo que dice la ley elec­toral y no otra cosa. Como tampoco señala como fundamental el que las listas estén compuestas por 120 ciudadanos, desde el momento que admite listas incompletas después de las tachas.

En contraposición a esta tesis expuesta por el doctor Catacora, otro miembro del Jurado, Muñoz Arce, sostiene que no procede la inscripción de la señora Susana porque su lista no contiene errores formales sino sustanciales. Como el doctor Muñoz Arce no puede avalar la opinión de Catacora porque él ha firmado resoluciones en anteriores Jurados que son condenatorias de esa tesis, nos viene con que son sustanciales ¡los errores mecanográficos en el tipeo de una lista! Algo tan pueril que ni siquiera merece respuesta.

Y en este punto, en el Perú de hoy, hay que tomar en cuenta hechos que en una democracia normal sonarían a extravagancia. No deben extrañarse errores mecanográficos, datos equivocados, fechas cambiadas, en un país donde los espías del SIN están infiltra- dos en todos los lugares y ¡cómo no iban a estarlo en el entorno de la señora Susana Higuchi! Persona a la que el señor Fujimori, su esposo y jefe de Estado, quisiera ver borrada del mapa político. ¿No sería agente del SIN, de Fuji, la secretaria de confianza que se equivocó en el tipeo de la lista de Armonía...?

Hasta El Comercio, diario de extremada ecuanimidad, se escandalizaba el sábado pasado por la presencia de numerosos agentes del SIN en la clínica donde se recupera la señora Higuchi. Estos agentes, actuando desembozadamente —según versión de El Comercio—, trataban de hacer correr rumores como el de que la señora Susana estaba siendo dopada... ¿Esto, por más criollos que sean los modales, no se parece mucho a los métodos nazis, al modo de lanzar noticias que usaba la siniestra Gestapo?...

Se dirá, como siempre, que en estas páginas siempre se exagera. ¿Pero también exagera El Comercio?... A lo que algunos responderán que la pregunta es un sofisma y rogarán para que el decano olvide su revelación, para que el hecho pase pronto al olvido. Porque lo que molesta de OIGA no son sus acusaciones —que muchas veces otros comparten— sino la persistencia, la tenacidad del dedo en la llaga para que no se pase por alto la denuncia. Y lo que ha ocurrido con la lista parlamentaria de la señora Higu­chi es gravísimo y no debe ser volteada la página. Es un indicio más y muy grave de que el Jurado de Elecciones no es lo imparcial que debiera ser. Curiosamente, atentando contra todas las normas legales y abusando del carácter irrevocable de sus fallos, el JNE ha cumplido con el deseo más vehemente del jefe del Estado: no tener al frente, en una tribuna pública, a su corajuda cónyuge. Lo ha hecho, además, con premeditación y alevosía, pues el JNE se cuidó de que la resolución saliera conjuntamente con la que descalificaba –también sin razón legal– a la lista integrada por el ayer aplaudido Manrique y hoy acusado de estafa y denostado por la ciudadanía en pleno. Una maniobra diver­sionista que huele al SIN... Se confia­ba, al parecer, que la atención del público se dirigiera sobre Manrique y el presunto soborno pagado por él para ser incluido en la lista de Campos Arredondo. Era cuestión de echar pe­ces de menor cuantía en la bañera, pero con suficiente color folclórico para montar un tremendo carnaval político, al estilo de los delfines de Miami. ¿O no es así?

Después de tan grosero afán por satisfacer el deseo del jefe de Estado —hacer desaparecer a doña Susana de la escena política— y después de la también burda concesión del control del cómputo electoral a la empresa de un ciudadano nisei, en esta casa no se confía en la imparcialidad del Jurado. Lo que no quiere decir que no creamos en que una batalla sin cuartel, de la ciudadanía contra el fraude, no dé la victoria a la democracia.


Lo de nisei, en la actualidad peruana, tiene mayor connotación que francés, irlandés o palestino, ya que la Administración nacional ha sido copada en los años de Fujimori por los niseis. Niseis son varios ministros, nisei es el presidente del Congreso y no hay sector esta­tal que no esté vigilado por un funcionario con doble apellido Japonés. (El doctor Nugent, alto magistrado del velascato, no es peligroso por su abuelito irlandés).

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - EL SIN en acción – Revista Oiga 16/01/1995

INVADIÓ de pronto mi ofici­na. Se valió de un engaño: alegó ser reportera de un ca­nal de televisión y que estaba interesada en informar sobre el hasta ahora no esclarecido concurso para el manejo de los cómputos electorales, concedido sospechosamente por el Jurado Nacional de Elecciones a la firma Otepsa... Pero de este tema saltó sorpresivamente a otro. Abrió una copia de la última edición de OIGA y preguntó mostrando la foto de la espía del SIN, retratada en el hemiciclo del CCD:

-¿Con qué pruebas acusa usted de espía a esta persona?...

-¡Ay…usted es la de la foto! - respondí de inmediato al identificarla. Y me dispuse a hacer frente a la situación. Es­taba enfocado por la cámara, era prisio­nero de ella, había caído en una embos­cada periodística, y cualquier actitud vio­lenta que yo tuviera sería registrada con fatales consecuencias para mi…. Eso sí, no me callaría.

Y vino aquí una explosión de dimes y diretes que no es de extrañar aparezca, editada convenientemen­te, en alguna de las muchas pantallas de televisión amigas del gobierno. Pueda que ya haya sido pasada la cinta o, más tarde, empleada en mi contra ante alguno de los tribunales adictos al régimen.

Cuando los dimes y diretes habían llegado al punto máximo y ella, la señorita Jenny Zúñiga, alegó ser empleada del programa Opinión Libre del doctor Torres y Torres Lara", yo le respondí que trabajar para el cecedista de las dos to­rres no la libraba de ser espía del SIN:

-Porque éste es un gobierno mili­tar, manipulado por el SIN, con civi­les de biombo. Esta es mi opinión y OIGA ha mostrado pruebas que na­die ha refutado.

La señorita Zúñiga estaba, sin duda, muy bien adiestrada y de improviso cam­bió el ataque por otro flanco, descubrien­do, sin quererlo, a los inspiradores de los discursos del señor Fujimori. La señorita Zúñiga replicó con las mismas palabras con las que Fujimori ataca a la prensa opositora:

-Con todo respeto ¿por qué no creer que ustedes reciben apoyo del narcotrá­fico? Ustedes no tienen avisaje ¿con qué se sostienen?

La grosería de la acusación, estrena­da tiempo atrás por el propio Fujimori, me dejó atónito y tartamudee, pero me repuse y respondí:

-Con avisos del gobierno, porque también OIGA ha firmado ese acuerdo aberrante, por medio del cual el gobier­no ha comprado canales y periódicos. (No agregué, por irrelevante, que las cuentas de OIGA están en manos de los funcionarios del fisco, que no se cansan de revisar nuestros paupérrimos libros de contabilidad).

Y ahí, con voces alzadas de mi parte, acabó la intromisión de una despierta periodista en mi despacho;

No es el momento, sin embargo, de discutir las apreciables habilidades reporteriles de la señorita Zúñiga, ni es­catimar méritos a su audacia -condición básica tanto para espías como para re­porteros-, sino de meditar en cómo es que la intromisión del SIN en la actividad de las gentes de este país se va agudizando y en cómo va creciendo el acoso a la prensa opositora por parte del régimen militar que nos gobierna.

Si escribiera que vamos ingresando a un sistema neofascista con banderas liberales, se dirá que soy un exagerado monotemático. No escribiré, pues, tal cosa. Pero sí me remitiré a una nota sobre la actuación de los militares en el Perú de estos días, que publicamos unas páginas más adelante. También insistiré en destacar los indicios que señalan a la señorita Zúñiga como es­pía del SIN, indicios que fueron resalta­dos en el CCD por varios parlamenta­rios. Tanto Cuaresma como García Mundaca y Moreyra la acusaron de espía, por su presencia irregular en el hemiciclo y por su fisgoneo en el Cole­gio de Abogados. A lo que Torres y Torres Lara respondió que era él y no el SIN quien contrataba a la “distinguida periodista, para que haga la constata­ción objetiva de los hechos”. Con lo que no aclaró si los rollos de su reportera llegaban o no al Servicio de Inteligencia para ser “evaluados políticamente” por la cúpula militar. Un político meti­do a periodista, como Torres y Torres Lara, antiguo amigo de la milicia, no es de fiar.

En lo que sí no callaré, aunque el resto de la prensa calle y a pesar de que se burlen de mí llamándome disco rayado y otras sandeces, es en destacar el acoso del gobierno contra la prensa de oposi­ción. No me cansaré de repetir, aunque callen todos mis colegas, de que la pren­sa en el Perú es más castigada tributariamente que en cualquier otra parte del mundo, a pesar del acuerdo de la pren­sa, en Berlín, señalando que el moder­no método de censura son los impuestos. Si a esto se agrega el sabotaje publicitario, como lo confiesa la reportera de Torres y Torres Lara, el acoso al periodismo de oposición se hace tan evidente como la actividad periodís­tica del de las dos torres. ¿Y qué decir de la acusación de agentes del narco­tráfico empleada ayer por Fujimori y hoy por la reportera de Torres y To­rres Lara?... Que los enemigos de OIGA estarán rabiando y rabiando, al ver pasar los meses y los años sin que las puertas de esta revista se cierren, a pesar del sabotaje publici­tario sin un solo aviso muchas ve­ces, hemos seguido y seguiremos adelante. Con el público como único soporte. Aunque esto signifique un precio alto, que aleja a los peruanos de la lectura y, a la vez, no permite el desarrollo de la empresa... Pero en este luchar y luchar sin descanso, con un rayo de luz muy lejos, al fondo del túnel, no nos falta experiencia, ya somos baqueanos.

P.S. Al terminar esta nota me infor­mo que el doctor Torres y Torres Lara pasó por el canal 13 su rollo, lo que no hace a la señorita Zúñiga reportera del canal sino de quien cubre ese día el espa­cio llamado Opinión Libre o sea el cecedista de las dos torres. También me dicen que el doctor Torres y Torres Lara insistió en reconocer el sabotaje económico a OIGA y en diferenciar libertad de empresa de libertad de prensa, de lo que él llama libertad de los periodistas”. La misma precisión que me llamó la aten­ción en boca de la señorita Zúñiga, ya que por ese distingo se llegó en el gobier­no militar a la confiscación de los medios de expresión. ¿Será el pasado que vuel­ve?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Sigue en marcha la farsa electoral – Revista Oiga 9/01/1995

Años atrás, en tiempos de Leguía y otros dicta­dores, los guardias y so­plones ingresaban a una imprenta, volteaban los chivaletes, deshacían las formas... Y la publi­cación que molestaba al régimen que­daba paralizada por un buen tiempo. Ordenar tipos y cajas significaba un largo y tedioso trabajo improductivo que desanimaba a muchos y a los más decididos los silenciaba por un buen tiempo. Eso se llamaba amansar a la prensa. Sólo más tarde se llegaba a la clausura, la cárcel y la deportación, Con otros rebeldes se usaba la dádiva para callarlos.

Con el correr del tiempo los métodos represivos fueron cambiando, se hicieron más sofisticados y la compra de conciencias más comercial, más abier­ta. Habíamos llegado a la era de la publi­cidad... Hasta llegar hoy, a los felices días un gobierno militar que ha tenido la habilidad de colocar en la presidencia a un civil de ojos rasgados, complaciente con el Fondo Monetario y el Banco Mun­dial. Los ojos presidenciales y sus com­placencias con el mundo financiero son su gran escudo frente a la comunidad internacional y su licencia para hacer, en la política interna, lo mismo que ha­cían los viejos despotismos, aunque con las modernas sofisticaciones de la hora.

Por ejemplo, en estos días ha sido silenciado el Canal 11, la única señal televisiva de abierta oposición al régi­men. Esta vez no hay chivaletes voltea­dos con la tipografía por los suelos. La señal de Canal 11 ha sido volada. No con una bomba contra la rotativa como antaño, sino con una descarga eléctrica que ha destrozado el monitor. Al mo­mento de escribir estas líneas son ya cuatro los días sin imagen ni voz en la pantalla de Canal 11... Mientras las otras televisoras callan. Y callan también los órganos de prensa. Hasta aquellos que, por tradición, saben que cuando se abu­sa de un órgano de expresión se está abusando de la prensa toda. Pero, ¿qué se puede esperar de empresas –expre­samente no digo periódicos– que en lugar de exigir ser exonerados de los impuestos acogotantes establecidos por este gobierno militar presidido por Fuji­mori, han preferido suscribir un contra­to de publicidad que ata a los periódicos y televisoras con el Tesoro Público? Esos impuestos, que la prensa no exige sean derogados, son los más altos, de lejos, de todo el continente americano y del mundo. Y, si es necesario precisar, pre­ciso: “Mientras en EEUU y en muchos otros países no se cobra impuesto algu­no por la compra de papel periódico, en el Perú esos impuestos llegan al 35.7%, seguido por Chile con 18% (El dato es de la SIP). ¿Para qué ha servido en el Perú el acuerdo de la prensa internacional, suscrito en Berlín hace tres años, conde­nando a la tributación con el moderno método de censura contra los medios de difusión?

Sin embargo, el Canal 11 no sólo sufre la presión o acogote tributario, además de sabotaje en publicidad –como OIGA y otras publicaciones de la oposi­ción–, sino que ha sido silenciado volán­dole la señal con una sobrecarga eléctri­ca. Ha sido clausurado el Canal 11 –al momento en que Luis Cisneros, presti­gioso general en retiro, denunciaba la corrupción de la cúpula militar–, por medio de la alta tecnología del Servicio de Inteligencia, los modernos soplones del régimen.

Por tamaño despropósito contra la libertad de expresión alza su voz de pro­testa esta revista. Y no se diga que será una voz en el desierto. Esas voces que van a parar ahí, como los rezos, se juntan a todas las voces de protesta que ha habido en el mundo e irán creciendo hasta derrotar a la dictadura. Siempre, a la larga o a la corta, vencerá la libertad. Siempre habrá un nuevo amanecer para los hombres libres. Así como siempre habrá un día de oprobio para los tiranos.

Ésta ha sido, sin duda, la noticia más lamentable de la semana. Aunque no la única que entristece el panorama electo­ral. También ha habido un cambio de juego en las reglas para las reelecciones, tomando entre gallos y medianoche, por un grupo diminuto de parlamenta­rios del CCD. Con 34 votos sobre 80, se pretende cambiar las normas electora­les establecidas por una ley orgánica o sea sólo modificable con un mínimo de 41 votos. En la nueva disposición, apro­bada a la carrera y promulgada a la velocidad del rayo por el presidente del gobierno militar, se limitan a dos los personeros especializados, cuando son 47 los centros de cómputo esparcidos por todo el territorio nacional, y se crea un nuevo formato de cédula electoral que estaba prohibido en la legislación anterior: la colocación de la fotografía de los candidatos en los votos. Una cos­tumbre colombiana y de algunos otros países que, sin embargo, se presta a suspicacias en el Perú –donde estaba prohibida por ley– porque justamente la larga campaña electoral del presidente y candidato se inició hace más de un año con el reparto constante de almana­ques, con su foto, por todo el territorio peruano, y a lo que ahora se sumará la distribución, en víspera del acto electo­ral, al iniciarse el año escolar, de varios millones de cuadernos con el escudo nacional y ¡la foto de Fujimori a todo color! Este gasto lo cubrirá naturalmen­te el Tesoro y nadie sabe hasta ahora quién paga los calendarios con la ima­gen de Fujimori en todas las poses y vestimentas del folclor peruano. Lo úni­co que se sabe con certeza de estos calendarios es que no llevan pie de im­prenta, lo que es obligatorio, por ley, en el Perú. Mientras que, por lo bajo, se dice que los almanaques son impresos en Sanmarti, una imprenta, privatizada a precio de ganga, dirigida por un nisei que sería hombre de paja de Yoshiyama, el Nº 2 del régimen.

Serán, pues, muy poco transparen­tes las próximas elecciones peruanas. Y a lo anterior había que añadir, entre otras muchas irregularidades, que más de la mitad del electorado habita en las zonas declaradas en emergencia por causa del terrorismo que, al parecer, ha sido ya vencido. Ese control militar -en muchos lugares ya innecesario- ha pro­ducido la muerte de un dirigente aprista, asesinado por una patrulla policial en el norte, y el abaleamiento por soldados del Ejército a una comitiva de Acción Popular, integrada por la fórmula presi­dencial completa del partido del ex pre­sidente Belaúnde.

También el Jurado Nacional de Elec­ciones, que da la impresión de estar prestándose a una pantomima teatral, haciendo de enemigo de Fujimori en la ficción –propone leyes y disposiciones que el CCD cambia a su gusto–, ha puesto un grano de arena muy grande en el entrabamiento del proceso: el con­trol de los servicios de computación del recuento de votos ha sido otorgado por el JNE a una empresa que fue represen­tante de ‘Wang’, pero que hoy no tiene más respaldo que un capital de 80 mil soles y una casita medio desocupada por sede. A esa diminuta sociedad, propie­dad de un nisei, se le dio calificación mayor que a la IBM ¡en capacidad técni­ca y en solvencia económica!... Más tarde el CCD añadió el límite de dos personeros, técnicos en electrónica –cuando son 47 los centros de cómpu­to– por cada fórmula presidencial. Eso se llama torear al alimón.

Y como debe ser infinita la caja de sorpresas electorales que nos tiene reservadas el gobierno militar que preside Fujimori, en días pasados una subpre­fecta –Ruth Benavente– puso en evidencia que no eran perla aislada los oficios del prefecto de Huánuco instando a sus funcionarios a hacer campaña por la reelección de Fujimori. La subprefecta da cuenta detallada a sus superiores – uno de ellos ministro de Estado– sobre las actividades que ha desarrollado en favor de la reelección de Fujimori. ¿Cuántas indiscreciones se seguirán des­cubriendo en estos meses? ¡Los secretos por revelar parece que serán intermina­bles!

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - ¿Quién manda en el Perú? – Revista Oiga 19/12/1994

En el Perú, hoy, el consumo per cápita de alimentos apenas llega a la mitad de lo que se consumía hace veinte años y los peruanos de hoy, que antes tampoco se distinguían por ser buenos lectores –leían apenas un libro y medio al año–, han bajado su lectura a un cuarto de libro al año. Dos datos estadísticos que, pese a todas las limitaciones y distorsiones de esta ‘ciencia’, debiera hacernos dudar del ‘milagro’ peruano pregonado por un régimen que, sin duda, ha hecho mucho más ricos a los ricos –aunque no los haya hecho más lectores– y mucho más pobres y desnutridos a los pobres de siem­pre, añadiendo a la clase media a las legiones de marginados de la lectura y la alimentación. Estamos en un país curiosísimo, en el que crece la riqueza de algunos y donde se prohíbe leer y comer. Y también curarse, porque los enfermos están obligados a pagar 18% de impuesto a la compra de medicinas. Impuesto (IGV) criminal del que tampo­co se libran los libros, los periódicos y los alimentos básicos. Como si matar de hambre y embrutecer a los pobres y á los enfermos –a la mayoría de este país– fuera meta económica racional.

No faltará quien se pregunte ¿por qué no volvemos a los métodos, mucho más eficaces, de los espartanos y, sin más trámites, no eliminamos a los po­bres y a los enfermos, a todo el peso muerto de la sociedad? Eso sí sería récord de eficiencia y sería ésta una nación sólo de ricos.

En lo que la estadística peruana de hoy falla, por falta de datos, es en el terreno de la moralidad. No puede tra­zar sus líneas de alzas y bajas porque, sencillamente, en este régimen no ha sido descubierto oficialmente un solo caso de corrupción, ni ha habido, por lo tanto, un solo castigado. Lo que no quiere decir que la inmoralidad no cam­pee. Ahí están las denuncias de la seño­ra Higuchi que nadie ha querido inves­tigar en serio. Ahí está la termoeléctri­ca de Ventanilla sobre la que los seño­res Okama y Yoshiyama guardan se­pulcral silencio; porque, al decir de los técnicos, no tienen cómo explicar la compra de las dos turbinas de esa plan­ta. Dos turbinas que han costado, al fisco peruano, su peso en oro. Por ahí andan paseándose, alegremente, los picaronazos Susano y Ross, sin que la Fiscalía ni la Contraloría hayan movido un dedo para investigar las puntuales acusaciones que se les hicieron. Ahí está la documentada investigación so­bre las picaronadas del ministro Vittor...y no pasó nada. Sólo se persi­gue –judicialmente– a la socia de Vittor, la señora Kcomt de Figueroa, que no ha sido funcionaria pública y no puede haber cometido, como es lógico, el delito de concusión, del que es acusada por el eficiente gobierno de Fujimori. Ahí está el señor Carlos Suboyama, sembrador de redes eléctricas mal instaladas en los llamados ‘pueblos jóvenes’ y hombre de confianza de un régimen que reparte electricidad, en condiciones que deben ser investigadas y que no ha iniciado una sola obra hidroeléctrica en sus cinco años de gestión. Ahí están de ministros personajes cuyas empresas – ahora en manos de sus hijos o sobrinos– han seguido contratando con el Estado. Ahí está, en cárcel perpetua y en perpetuo silencio el nar­cotraficante Vaticano’, convertido en terrorista por arte de magia, para evitar que en un juicio civil y público denuncie’ a sus cómplices de uniforme en el tráfi­co de drogas. ¿Que no es así la figura? Bueno, que se me demuestre lo contra­rio, porque de los hechos conocidos por la prensa, se deduce lo que arriba está escrito.

Tampoco la estadística nos puede revelar qué tipo de régimen gobierna al Perú de hoy, gobierno responsable de los aciertos de que tanto se vanagloria como de los despropósitos y desver­güenzas apenas esbozados en esta nota. Esto del tipo de régimen que go­bierna el país es tema que se adentra en la oscuridad del secreto militar. Y sobre el que sólo caben especulaciones con base en algunos hechos concretos visi­bles y a la interpretación del lenguaje castrense, tan misterioso como los qui­pus, aunque sea muy ruidoso algunas veces. A ese lenguaje pertenece el paseo de helicópteros del otro día, reali­zado para confirmar al señor general Nicola di Bari en el cargo de comandan­te general del Ejército y jefe del Coman­do Conjunto. Un roncar, desde el aire, igual al que produjeron los tanques en las calles de Lima cuando hubo que ordenar al Congreso que echara tierra al crimen de La Cantuta y, luego, que se viera en el fuero militar y no en el civil y menos en juicio abierto.

Pero; ¿qué es lo que ha quedado probado con estas órdenes dictadas con el ruido de los helicópteros o los tan­ques?... Por lo pronto, demasiado in­fantil es creer que estos movimientos se deban a pugnas internas del régimen. Porque, si las hay, apenas tocan su epidermis. El desfile de helicópteros ha sido más bien otra llamada de atención, esta vez dirigida al ‘presidente’ Fujimo­ri, para que nadie olvide la naturaleza castrense del sistema que gobierna el Perú. La Fuerza Armada, como institución, no dio un golpe de Estado, no rompió la Constitución, para entregar el poder al señor Fujimori y marginarse ella en sus cuarteles. Detrás de ese golpe militar hubo y h ay una logia y un proyecto de veinte años –revelado por OIGA hace mucho tiempo atrás–; una logia en funciones y un plan que está en pleno desarrollo. Parte de ese proyecto es mantener como mascarón de proa del Ejecutivo al señor Fujimori y al ge­neral Nicola di Bari cómo cabecilla de la Fuerza Armada. Ese es el, equilibrio -decidido por el Consejo Estratégico del Estado, que es la logia gobernante, in­tegrada por militares y algunos civiles, obligados a mantener el más absoluto anonimato. El día que el general José Valdivia Dueñas –que, según parece, era uno de sus integrantes– comenzó a dar muestras de querer sacar la cara en conversaciones privadas, selló su salida de la logia. El abortado pronunciamien­to constitucionalista de noviembre del 92 fue el pretexto para poner a Valdivia fuera de los cuadros de mando.

El desfile de helicópteros ha sido otra advertencia al país, incluido Fuji­mori, para que no haya dudas sobre quién manda en el país. Y a ese mons­truo de mil desconocidas cabezas es al que tienen que enfrentarse los candida­tos que compiten en este proceso elec­toral, iniciado desde la partida con car­tas marcadas y jueces ad hoc: Fiscalía, Corte Suprema, Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría, comandancias militares y el SIN, que es el sistema que todo lo controla.

¿Cómo enfrentar al monstruo y vencerlo? Sólo será posible levantando el espíritu cívico de las multitudes. Y eso no se logrará con políticos desplaza­dos, ni sin energía en la acción a favor de los pobres, de las clases medias, de los marginados por este gobierno. Tam­poco sin la colaboración de los partidos y las organizaciones populares de todo el país, sobre todo de provincias, del Perú olvidado por Lima.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ‘Expreso’ tiene razón – Revista Oiga 12/12/1994

Por ahí se dice, y lo dicen muchos, que el país no necesita discursos sino orden, disciplina. Y algunos se animan a añadir: mano dura, o sea, dicho más claro, dictadura. Con lo que, sin duda, apuntan al meollo de los problemas del Perú, que son varios y complejos, pero entre los que destaca el desorden, la informalidad, la disciplina, la falta de respeto a la ley.

¿Tienen, pues, razón lo que esto afirman con convicción que les sale de dentro, del alma, del pecho?... En lo central sí. Es evidente la falta de orden y disciplina entre los peruanos. Pero los muchos que piensan así ponen más pecho que cerebro, al desdeñar el dis­curso, la palabra, el verbo, el principio de todas las cosas. Y de allí se explica que caigan con pasión en el error de confundir dictadura con orden y disci­plina. Si pusieran más atención en el discurso, en la palabra, advertirían pronto que las disposiciones efectivas no son las que parten de la arbitrarie­dad o capricho del hombre en el poder, con don de mando, sino las que ema­nan de la ley, del respeto al orden legal. Y que, por lo tanto, lo que en el país se requiere es que alguien, con don de mando —que es uno de los requisitos indispensables para ser gobernante—, haga respetar la ley, el orden jurídico, que es lo que iguala a gobernantes y gobernados y los obliga a vivir civilizadamente. Así es como se consti­tuye la estabilidad cierta, real, qué es base para el desarrollo. No hay la me­nor duda de que el Perú requiere orden y disciplina. Pero orden y disciplina que partan del respeto ala ley —que ella es la dura— y no de les cambiantes disposiciones dictadas al capricho de un gobernante con don de mando. Qué es lo que, desgraciadamente, está ocu­rriendo en el Perú ahora. Todo en el país, hasta el parchado de las pistas y el recojo de basura, depende de la volun­tad de una persona, que está en el gobierno por mandato no del pueblo ni de un orden legal preestablecido, sino por la voluntad de los militares que impusieron, con los tanques, el 5 de abril del 92, un arbitrario régimen de Reconstrucción Nacional. O sea si lo que en el Perú falta es orden y discipli­na, respeto a la ley, nada hay más contrario a ello que el régimen actual, sujeto a disposiciones legales dictadas por un Congreso hechizo que actúa en función de los caprichos y arbitrarieda­des del o los mandos surgidos del golpe militar del 5 de abril de 1992.

Esta es la verdad monda y lironda. Y así, burlándose del orden legal, no se construye un país estable, ni se educa en el orden y la disciplina a un pueblo que ha hecho de la informalidad su ley.

Pero esta es mi palabra, bastante devaluada entre, los muchos amantes de la mano dura, que no se sabe por qué están tan felices cuando el Perú ha llegado, ahora, a consumir la mitad de los alimentos que consumía hace vein­te años. Y cuando la clase media ha desaparecido o se halla recluida en su casa, a media luz, con el polvo de los muebles y alguna vieja revista de regalo en las manos.

Acudiré esta vez en mi ayuda a ‘Expre­so’, el diario fujimorista por excelencia, en el cual los Ricketts, Rey de Castros y D’Ornellas desahogan sus odios y renco­res de diplomáticos frustrados contra el doctor Javier Pérez de Cuéllar, porque, sin haberles él hecho ningún daño a ellos —quién sabe sí algún favor o alguna atención—, los humilló al llegar él a Secretario General de las Naciones Unidos durante diez años, con una pensión mensual mayor a la de todos sus sueldos juntos en una década.

‘Expreso’ del lunes pasado, en su edi­torial, cerca de uno de los vomitivos de Ricketts contra Pérez de Cuéllar, se que­dó atónito ante la informalidad chicha del discurso de Fujimori en CADE, con maullidos y gruñidos que hubieran sido pifiados en un circo —por malos—, pero que recibieron los aplausos de siempre de los siempre palaciegos hombres de negocios. Y descubre ‘Expresó que el más neoalanista de los expositores del conclave empresarial ha sido el señor Fujimori, que ya adquirió mil camiones para que el Estado compre a los agricul­tores sus productos y los distribuya y venda a los consumidores. Con razón, dice ‘Expreso’ que esto es una locura; que es comenzar a reconstruir el aparato estatal ineficiente; que es resucitar ENCI y ECASA. No revela, sin embargo, el fondo del problema: no dice que son los militares de la revolución del 68, sus herederos, los que están detrás de estas disposiciones estatistas. Tampoco dice que esos militares, los tenientes y capita­nes de la revolución del 68, que son los generales del 5 de abril del 92, han pues­to también sus picas en la compra por el Estado de maquinaria para que el Ejército sea el gran constructor, en competencia desleal y sin vigilancia con los empresa­rios de este ramo, quienes, Igual que en el 68 y en el 85 con Alan García; callan y aplauden a quien los va a ahorcar.

Sin embargo, ha dicho bastante ‘Expreso’ al señalar que Fujimori ha visto la paja alanista en los ojos de los otros y no la viga en los suyos. Pareciera que Expreso ha descubierto, en esos mil camiones ya oficializados en ‘El Perua­no’, cuáles serán las modificaciones al programa económico que hará el go­bierno de la Fuerza Armada y Fujimori, si se queda en el poder.

En lo que también ‘Expreso’ quiere ver un retorno al alanismo es la referencia de Fujimori —un tanto confusa— a que habrá que exonerar del IGV a los alimentos básicos. Y aquí sí está equivocado el diario de Orejuelas de arriba a abajo. Por puro ayatolismo liberal, llega al extremo de afirmar esta barbaridad: que los productores de pollo, huevos y leche no son precisamente pobres y que, por lo tanto, deben pagar el 18% del IGV. ¡No, seño­res de ‘Expreso’ ¡Así no son las cosas! Si esos productores son ricos, que paguen impuestos a la renta, como también de­bieran pagarlos los que se hacen ricos con la enseñanza. Lo que no se debe pagar es el IGV, que es impuesto que recae directamente en los consumidores, que son, en conjunto, los miserables de la cadena. Claro está que sólo cuando se trate, como en todos los países civili­zados y verdaderamente desarrollados, de medicinas, alimentos básicos, educa­ción y cultura (o sea libros, revistas, pe­riódicos y espectáculos artísticos). Nada más, pero también nada menos. No hay una sola actividad en la vida en la que no haya excepciones, que son las que hacen la regla. Negarlas es una especie de paranoia de la modernidad.

Al día siguiente, el martes, más curio­samente todavía, el editorial de ‘Expreso’ se ocupó de la exposición de Javier Pérez de Cuéllar y, también con razón, la llenó de elogios. ¿Le replicarán a ‘Expreso’ los mastines de Fujimori de ‘Expreso’?

Comienza a hacerse muy confuso el trasfondo del panorama electoral.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – “Velasco expropió los medios de comunicación y Fujimori los ha comprado” – Revista Oiga 5/12/1994

Ha dicho la doctora Bozo en Canal 11, y ha dicho bien, que “Velasco expropió los medios de comunicación y Fujimori los ha comprado”. Añadió, para reforzar la frase, la información exacta —por nadie desmentirla— sobre los muchos millones que el Estado ha distribuido entre las distintas televisoras, radios y periódicos, para que éstos cubran sus deudas tributarias; y a los que estaban al día en sus impuestos, el obsequio les servirá como resarcimiento por la injusticia que significaba no haberles considerado desde el comienzo en la operación de salvataje a los medios de comunicación. Se trata de una escanda­losa lotería otorgada a dedo por el gobier­no, con el dinero de los contribuyentes, y que, según racional afirmación de Canal 11, significa que Fujimori, en lugar de expropiar, imitando a Velasco, ha com­prado el favor de los medios de comunica­ción, otorgándoles un desmesurado rega­lo sonante y contante. Por ejemplo —lo puso en pantalla la doctora Bozo—, el Canal 2, que nunca había pagado im­puestos, recibió una bonificación de 8 millones para poner al día sus deudas; y como el Canal 5 protestó con otros por la injusticia, pues alegaba estar al día en sus obligaciones tributarias, el gobierno del señor Fujimori decidió compensarlo obsequiándole 8 millones —igual que al 2— como adelanto de publicidad. Así acabó la guerra de los canales que tal injusticia había generado: Cebándose todos con el dinero no del Estado ni del señor Fujimo­ri, sino de los contribuyentes; que hoy, como en la Edad Media, son los hombres del pueblo los consumidores. Ya que día a día van creciendo los impuestos indirec­tos y disminuyendo los de la renta. Paga impuestos —es sólo otro ejemplo— el que compra un pan, una medicina, un libro, un periódico. Y no pagan tributo alguno las operaciones bursátiles. Y esta injusti­cia verdadera, real, dura como una roca, no llama la atención a nadie. Nadie la corrige y nadie protesta por ella, porque goza de la bendición del Fondo Moneta­rio y de la sacrosanta nueva Biblia: el liberalismo del embudo al revés.

Sin embargo, con ser impactante y cierta, la denuncia de la doctora Bozo en Canal 11, no abarca con amplitud el atentado que contra la libertad de prensa está cometiendo ahora, en el Perú, siste­máticamente, el gobierno del señor Fuji­mori y de la Fuerza Armada.

Primero, discriminando y chantajeando a los medios de comunicación que no le son afectos, poniéndolos al margen en el reparto de la publicidad. Tarea en la que el gobierno de Fujimori y de la Fuer­za Armada recibe el apoyo entusiasta de la derecha empresarial. Canal 11 no tiene un solo aviso del Estado y sufre igual o parecido sabotaje de la empresa privada. Tampoco hay publicidad alguna para OIGA ni parra otros periódicos de la oposición que desagradan a un gobierno que se irrita porque se le recuerda que es producto de un golpe militar y que los tanques tienen tanta influencia como él frente a un hechizo Congreso Constituyente Democrático.

En este punto la coincidencia entre Canal 11 y OIGA es total. Lo que Canal 11 y la doctora Bozo no tocan, quien sabe porque este segundo aspecto del problema no le alcanza a la televisión y carecen de información al respecto, es el impuesto de 18% (IGV) a los insumos y a la venta de los ejemplares de revistas y periódicos. Un impuesto que no existe en la mayoría de los países civilizados del mundo y en- ninguno en ese volumen. Porque no existe libertad de prensa —y aquí el término es preciso­, no hay libertad de prensa cuando se interponen barreras entre lo impreso y los lectores. Y esas barreras pueden ser el cierre o la censura—la famosa mordaza de ayer— o los impuestos aberrantes, que es la mordaza moderna. Con sabotaje publicitario y con 18% de IGV a los insumos y a la venta de los ejemplares —que debe ser cubierto por el productor, ya que los intermediarios (canillitas) son aire, son luz, son viento—, la existencia de las revistas en el Perú es imposible. Subsisten, sobreviven, gracias a precios de tapa delirantes, como es 7 soles por una revista en blanco y negro y con el papel que el impresor tenga a bien utilizar.

Esta es la realidad de la libertad de prensa en el Perú. Por un lado, medios de comunicación comprados con favo­res del gobierno y, por otro, el Canal 11 y uno que otro periódico sostenido por la tradición, el avisaje y la media voz, junto a muy pocos periódicos y revistas de oposición abierta, que apenas sobrevi­ven al sabotaje publicitario y al aberrante 18% de IGV a las ventas y a los insumos. IGV del que también deberían estar li­bres —como en todo país sensato— los alimentos básicos, las medicinas y los libros. ¿Por qué la educación está exceptuada hasta del impuesto a la renta?... Simplemente, porque con recibos del colegio con el 18% de IGV, ahí sí que los votos de Fujimori se los llevaría el aire, sin que nada pudieran hacer los tanques militares para impedirlo.

Pero, al leer estas líneas, el lector se habrá formado la falsa idea de que en el acuerdo del gobierno con los medios de comunicación para cancelar deuda tributaria con avisaje sólo se ha considerado el aberrante IGV, que el productor no puede trasladar al público por estar sometido a la intermediación del inubicable canillita. No. En el acuerdo, en el regalo del Estado a las televisoras y periódicos, han entrado todos los impuestos incluido el de la renta —un impuesto del que, en justicia, nadie debe estar exonerado—, y los de las más insólitas compras en el caso de las televisoras, que sí no pagan, igual que las radios, IGV por los insumos —son las ondas— ni por las ventas de información y comentarios, pues sus programas no tie­nen precio de venta al público.

Desgraciadamente, el ayatolismo li­beral y las deformaciones profesionales de los economistas se han adentrado tan hondamente en nuestra sociedad y, lógicamente, hasta en los periódicos, que muy pocos son los que quieren advertir cómo se atenta hoy contra la libertad de expresión en el Perú: saboteando y chantajeando con el avisaje a Canal 11 y a las revistas y periódicos de oposición, a los que, además, se les agrede con el abe­rrante IGV a los insumos y a la venta de ejemplares. Caso típico, este último, de la moderna inquisición contra la prensa, como lo señaló el Congreso Mundial de Periodistas, en Berlín, hace dos años.

Es una lástima que, cada vez que se pasa lista, haya menos periodistas en el comando de los periódicos y que las anteojeras de ayer —los tabúes ideológicos— hayan sido reemplazados por el tabú económico. ¡Como si la economía fuera ciencia exacta y tuviera Biblia!

(F. IGARTUA)

P. S. Curiosamente, los más fervorosos fujimoristas están muy preocupados por los “errores que está cometiendo la can­didatura de Pérez de Cuéllar”. Se duelen muchísimo “porque el embajador está quedando mal”... ¿No será más bien que, al revés, a pesar de los errores -que existen y habrá que corregir abriendo puertas, apuntando con más energía a las culpas del adversario en la pauperiza­ción del pueblo y no hiriendo a los posi­bles aliados de mañana-, no será que esos fanáticos fujimoristas estén temien­do el triunfo de Pérez de Cuéllar y buscan acercarse a él mostrando su ‘preocupa­ción’ por sus errores?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ¿Una dictadura informal? – Revista Oiga 21/11/1994

Tras la caída del Muro de Berlín, la política de exclusión, propia de los dictadores, pareció sucumbir definitivamente. En su lugar, los acuerdos políticos, los pactos y las concilia­ciones a nivel institucional exponen una nueva exitosa metodología política, digna de toda sociedad civilizada. Sudáfrica, tras el acuerdo entre Leclerc y Mandela, logra así -pacíficamente- consagrar un Parlamento de veras representativo. En América Latina, Paraguay clausura su casi secular dictadura y Chile inicia con furor cívico el segundo gobierno no de la concertación. México se “aggiorna” y celebra sus primeras elecciones cristalinas. En El Salvador, un pacto po­lítico garantiza el proceso electoral y neutraliza las pasiones de una sociedad que vivía en encarnizada guerra civil. Argentina y Bolivia emprenden exitosos pactos políticos para realizar reformas constitucionales sin alterar en orden constitucional ni la continuidad política. En Colombia, el M-19 depone las armas y accede a la legalidad por la vía de una Asamblea Constituyente. Brasil y Venezuela deponen a sus respectivos manda­tarios (Collor y C.A. Pérez), mediante métodos constitucionales y amplio deba­te público. Antiguos dictadores, como el boliviano García Meza, tienen abiertos procesos de extradición. Otros, como Videla o Noriega, purgan sus responsa­bilidades en las mazmorras. En Guate­mala, aborta un insólito golpe de Estado comandado por el presidente Constitu­cional, quien hoy es objeto de persecu­ción. América Latina exhibe, así, una etapa de veras inédita para un continen­te considerado inferior, incapaz de afir­mar un orden democrático.

En ese extenso panorama de conti­nuidad institucional y de acuerdos políti­cos permanentes, hubo dos excepciones que enlutaron la democracia latinoamericana: Haití -cuyo golpe fue condenado por nuestra diplomacia- y el Perú. Pero, tras el pacífico derrocamiento de Cedras y el feliz retorno de Aristide, Haití puede incorporarse en este dominó democráti­co. El lunar negro queda monopolizado por el Perú de Fujimori.

-Pero Fujimori no es un dictador....

-No lo es. Claro que no. Fujimori es un hombre respetuoso de la Constitución y de las leyes. Es un hombre dialo­gante y predispuesto a los pactos políti­cos y a los entendimientos. Es incapaz de ofender a los adversarios políticos ni de injuriar a ciudadanos indefensos. Nunca usurpa las funciones de un juez o de un fiscal. Es respetuoso de la autonomía municipal e incapaz de secuestrarle las rentas al Concejo Provincial de Lima. Seria impensable que vuelva a disolver el Congreso o que acepte –calladamente las arbitrariedades de los militares. Es incapaz de abusar del poder para reele­girse...

-Bueno, pero todos esos son asuntos muy ‘formales’...

Tras la caída del Muro de Berlín, los moldes ideológicos que impedían forta­lecer los consensos democráticos fueron sumariamente ejecutados, en un gran triturador de papeles. La reflexión de­mocrática amplía a sus interlocutores. Atrás, muy atrás quedó aquella lastimosa monserga marxista, que denigraba a los regímenes democráticos, como mera­mente ‘formales. Esta nueva tendencia tiene epígonos importantes en el Perú. Caso interesante es el del novísimo So­cialismo Democrático, que conforma la denominada ‘izquierda arrepentida (Ta­pia, Lynch, A. Delgado, Adrianzén, etc.). Renovando su lenguaje, asumen la de­mocracia como lo que siempre fue: un conjunto de métodos, procedimientos e instituciones. Y combaten resueltamen­te todo pretendido cuestionamiento en nombre de ese antiguo handicap a los dictadores: ofrecer una ‘democracia real’.

De pronto, contrariando esta tenden­cia universal (que no permite confirmar cierta globalización de la democracia), en el Perú, alguien está interesado en repetir esas viejas monsergas. Acusa a la democracia de ‘formal’. Y lo hace una y otra y otra vez más. Lo peor es que tal anacronismo no proviene de un ideólo­go de izquierda, ni de un militante del marxismo supérstite. No es tampoco un senderista de la rama ‘Feliciano’ ni es una clandestina proclama que anuncia la aparición de un nuevo movimiento guerrillero. Ese personaje que denosta las ‘formalidades’ de la democracia es el mismísimo señor Fujimori. Sí. El del 5 de abril. El de la convivencia en el Pentagonito. El de las cartas para Abimael y la prisión: para Salinas Sedó. Y sus dicterios antidemocráticos los lanza impunemente, desde las altas cumbres del poder, apoyándose en las televisoras y radios que son sus tan inútiles megáfonos.

Hay quienes han protestado ante la gentileza hacia la señora democracia que pregona este caballero tan autoritario. Hay quienes han emprendido ya -aguerridamente- la crítica de la crítica. Otros, han demostrado justificada alarma ante los arrebatos que estas palabras puedan vaticinar. Hasta la víspera elec­toral, que en el Perú tiene hoy mucho más de víspera que de electoral se ha puesto a temblar, preocupada por su destino. Vamos: que no es para tanto. ¿En verdad alguien se sorprende por esta invectiva contra los regímenes democráticos? No. No es para tanto. En el Perú necesitamos claridad, mayor trans­parencia entre deseos e intenciones y nada mejor para la pedagogía ciudadana y para el porvenir de nuestras costum­bres políticas, que este carné de identi­dad. El tiburón también muere por la boca.

Su árbol genealógico tiene ramas co­nocidas. Y algunas verdes, muy verdes: color uniforme. Déjenlo, pues, hablar. Y que se sienta como en la familia, esfor­zándose por recoger aquellos mismos pretextos que blandieron con perverso éxito dictadores como. Leguía, Odría o Velasco. Todavía no ha bautizado su ‘fujicracia’. Lamentablemente, no podrá llamarla ‘Patria Nueva’, ni podrá exhibir­la como una ‘democracia social de parti­cipación plena’, aunque así lo proclame el servil CCD. Esos cuentos, lamentable­mente, ya están patentado INDE­COPI.

¡Ay! Y tampoco diga que la democracia no se come. Porque, en verdad, hubo, quien –hace dos años– se la ingirió de un bocado.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – La decencia de un político tradicional – Revista Oiga 7/11/1994

Tenía el ánimo listo para volver a tocar el tema electoral. Puntualizar que, esta vez, el fraude no va a significar una pillería que quedará impune y apenas servirá para distraer un tiempo las conversaciones de los peruanos. Esta vez el fraude -que sí se está tejiendo desde hace me­ses— significará que no habrá eleccio­nes. Que el país quedará en el limbo. También pensaba extenderme en la necesidad de que, desde ahora, comience, la vigilancia internacional del proceso; así como en la obligación dé no escoger, un candidato como en juego de tómbo­la. Todas las elecciones son serias, pero hay momentos y circunstancias que las hacen más importantes, que les dan mayor responsabilidad. En este caso, se trata de evitar la reelección, no por el continuismo en sí, sino porque este sis­tema, aquí en el Perú y en toda América Latina, ha sido nefasto. Ha transforma­do el autoritarismo en tiranía y ha abierto las puertas a la corrupción desenfre­nada. Esa es nuestra historia, es la cá­mara del tiempo en la que debemos vernos. Pero más todavía, las circuns­tancias del momento no pueden desli­garse de la estructura del actual régi­men: un gobierno de apariencia civil que se sustenta en la fuerza partidaria del Ejército, o sea un partido con metralle­tas, tanques y cañones. Para enfrentar­se al candidato del Ejército y de la extre­ma derecha, que eso es el señor Fujimo­ri, además de político listo y con signifi­cativa obra hecha, no puede escogerse un boxeador de peso pluma o mediano. Se requiere de un peso pesado, con experiencia, con apoyo en su fuerza propia y la que le da su fama y relaciones internacionales. El emplazamiento al Jurado Nacional de Elecciones y al jefe del Comando Conjunto Militar —puede el doctor Muñoz Arce suavizar el térmi­no como quiera— no es el emplazamien­to de un candidato cualquiera, sino de un candidato que fue, en dos períodos, Secretario General de las Naciones Unidas. Es el emplazamiento de alguien a quien hacerle fraude significará el que no haya elecciones.

Y cuando, pensaba continuar con este importantísimo tema, me alcanzó las siguientes paginas: Jesús Reyes. Tratando de algo vital, aún más serio que las elecciones mismas y que cada vez se toma “menos en cuenta en un país donde la mentira y el engaño a nadie alarma y hasta son calificados de virtudes políticas”. Se trata de una moral pública. De la decencia de las personas. De un homenaje a un peruano que hizo patria –por desgracia inútilmente si miramos alre­dedor- siendo un hombre decente. Habla la nota de José María de la Jara Ureta, vinculado a estas páginas y a mis actividades periodísticas desde hace más de cuarenta años.

F.I

Hijo, nieto, descendiente de hom­bres públicos que en su oportuni­dad sirvieron a la nación, podría decirse que José María de la Jara y Ureta era un político tradicional. Perseguido, encarcelado y deportado por la dictadu­ra militar, al retornar la democracia fue llamado por el primer ministro Manuel Ulloa Elías para integrar el primer gabi­nete ministerial del segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde.

A José María de la Jara se le puso en el puesto más difícil del nuevo gobierno: el de ministro del Interior, cargo que por primera vez era desempeñado por un civil, en momentos en que hacia su apa­rición Sendero Luminoso, en medio de una grave conmoción social generada por el fracaso de los militares en el ejercicio del poder.

Al jurar el cargo, De la Jara prometió que renunciaría en el momento en que en el Perú las fuerzas del orden cometie­ran excesos y derramaran sangre de peruanos. El 12 de octubre de 1981; se produjo una manifestación en el Cusco, en protesta por el alza de pasajes; la policía detuvo al estudiante Marco An­tonio Ayerbe Flores (19) y lo torturó hasta provocarle la muerte. De la Jara exigió una severa investigación y, como consecuencia de ella, le entregó la banda ministerial al presidente Belaúnde y se fue a su casa.

El gesto de José María de la Jara causó asombro en algunos sectores, consternación entre sus partidarios y admiración entre adversarios políticos. Un hombre de izquierda, el historiador Pablo Macera, dijo “El señor De la Jara ha introducido en el ministerio del Interior un factor muy difícil de ver actuando en la política de cualquier país – no sólo en la política peruana–, que es la decencia personal. Nosotros podemos diferir del ministro del Interior, pero tenemos que agradecerle que de algún modo uno pueda decir que en un puesto habitualmente tan desagradable y coercitivo haya un hombre decente, que cuando salga de allí podré decir que continúa siendo un hombre decente”.

Es oportuno recordar el gesto que tuvo este político tradicional en momen­tos como el que vivimos en que los pícaros que han asaltado el poder ejer­cen la política con patente de ‘indepen­dientes’ y, sin ruborizarse, se esconden bajo su concha para no asumir lo que en todas partes del mundo se conoce como ‘responsabilidad política’.

El ministro Vittor fue obligado a re­nunciar por la presión de la prensa independiente que detectó sus relaciones comerciales con los beneficiarios del soborno del BCCI y puso al desnudo los negociados de su empresa constructora con el gobierno; pero hay otros como el ministro Carnet descubierto favorecien­do las empresas de sus hijos; o como el ministro Hokama involucrado en el negociado de las turbinas de Ventanilla; o el ministro Briones responsable de la fuga de Carlos Manrique, que se resisten a renunciar a sus cargos “porque tienen la confianza del presidente”.

¡Que buena excusa para esconder su falta de decencia política!

J.R.M.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Dos caras de la moneda: Fujimori–Pérez de Cuéllar – Revista Oiga 17/10/1994

Pocos son los ciudadanos del país que no hayan quedado atónitos ante la avalancha de candidatos a la Presidencia de la República y más asombrados quedarán, al parecer, con la catarata de postulantes que ambi­cionarán: un asiento en el Congreso ‘unicameral’, establecido ‘por una Consti­tución obra de los parlamentarios del CCD. Gente que asumió el cargo jurando que no ganaría más de un sueldo mínimo y que no volvería postular de inmediato, dos juramentos; incumplidos, pues todos los cecedistas quieren volver al Congreso y van acabando su gestión con los emo­lumentos más altos de la historia. En lo único que cumplieron a cabalidad los pupilos de Yoshiyama es en servir de Aliento o de tapadera al propósito princi­pal para ‘el que fue convocado el CCD: establecer la reelección presidencial, para poder reeditar la Patria Nueva de Leguía, aunque no por once sino por un plazo de veinte años.

Pero, dejaré de lado esta jeremiada, demasiadas veces repetida sin llegar a conmover la conciencia de ningún cecedista. Pasaré a la gran pregunta del momento: ¿a qué se debe esta riada de candidatos? ...A algo sumamente sim­ple. A que este régimen de la Reconstruc­ción Nacional, surgido del golpe de Esta­do del 5 de abril del 92, ha logrado uno de sus propósitos fundamentales: destruir, pulverizar, hacer desaparecer la institucionalidad peruana, aún incipiente y lle­na de fallas por corregir, pero cimiento para el futuro. En poco tiempo derrumbó el armazón institucional de la República. De allí que cada ciudadano, sin atadura alguna con la comunidad organizada, se sienta capaz de intentar llegar a la Presidencia o al Parlamento, con el simple apoyo de un grupo de amigos o con algún socio capitalista en firmas. Es la respues­ta propia del ambiente subdesarrollado en que vivimos, del mundo chicha im­puesto por Fujimori y sus asociados milita­res, frente a un problema que se ha presen­tado en distintas épocas en muchos lugares del mundo en épocas de crisis doctrinarias. Un problema que nada tiene de novedoso. Ni siquiera en las democracias más desarrolladas. Se trata simplemente de algo cíclico: del desgaste de la confianza popu­lar en los partidos políticos, que son los canales orientadores de las inquietudes ciu­dadanas, y del debilitamiento de las co­rrientes ideológicas. Esta crisis de los par­tidos, este divorcio entre el pueblo y los organismos partidarios, no es particulari­dad peruana, no es problema exclusiva­mente local. Se ha dado con frecuencia en Francia, por ejemplo. También en Italia y en otras naciones europeas y en las lati­noamericanas más evolucionadas. Pero cuando se produce esta pérdida de con­fianza en los partidos políticos, cuando la repulsa a los partidos los elimina como intermediarios de las corrientes ciudadanas, en esos países surgen las instituciones nacionales, que reemplazan momentáneamente o en definitiva -reemplazándolos- a los partidos. En un medio civilizado no funciona la turbamulta del público,-se produce el desborde irreflexivo de las ambiciones particulares, el caos, la anarquía candidateril; sino son las instituciones las que toman la posta de los partidos en la tarea de encauzar la vida política de la nación. Salvo cuando aparecen los caudillos salvadores, los providenciales -Hitler, Mussolini-, que siempre terminan destruyendo a las naciones.

Pero, ¿qué es lo ocurrido en estos últimos cuatro años en el Perú?... Una a una, con el aplauso ignorante de los de arriba y los de abajo, ilusos creyentes en la eficacia del autoritarismo, se han ido desmontando o anulando todas las instituciones de la República, sin que nada las reemplace. Poco a poco, éstas han sido arrasadas y sólo han quedado sombras de ellas. El país se ha acostumbrado, con el fanático beneplácito de los poderosos, de los ricos los grandes favorecidos de Fujimori-, a que se cumpla la voluntad de una sola persona, en la que se concentra, en ella sola, la ley, el orden, la justicia, la moral y la verdad.

¿Por qué extrañarse, por qué quedar- se atónitos ante la voluntad de decenas y centenas de peruanos que desean emularlo?

¿De qué nos espantarnos, por qué alarmarnos ante la cantidad circense, carnavalesca, de candidatos, si a nadie le ha preocupado, si no hay quien siquiera advertido la manera desaprensiva, el olímpico desprecio por la ley puesto en evidencia por el jefe de Estado cuando respondió, en la TV, a la pregunta de si sabía o no que su compañero de fórmula, el doctor Paredes Canto, tenía proceso judicial abierto, acusado de la malversación de un millón de dólares? No se refirió a la conocida honorabilidad del doctor Paredes, ni a que un proceso judicial, mientras no haya sentencia condenatoria, no es impedimento para postular. No, el señor Fujimori defendió a su elegido mofándose de la ley que condena la malversación.

Nadie ha quedado atónito ante la enorme barbaridad dicha por el jefe de Estado, que a diario se burla de la ley según su Capricho, o la cambia según su antojo. Ahora resulta, según fallo de Fujimori, que no es delito malversar fondos del Estado- que es lo que él hace a diaria en su campaña-, digan lo que digan los códigos. Salvo en el caso del general Jaime Salinas Sedó, que ha sido condenado a cinco años de cárcel, porque así lo dispuso Fujimori, por la supuesta malversación de 27.mil dólares que el general constitucionalista jamás vio, que nunca pasaron por sus manos. Conde­nado sin permitirle siquiera abrir la boca en su defensa.

Todo esto, repito, al margen de la reco­nocida honorabilidad del señor Rector de la Universidad de Cajamarca, quien con toda seguridad saldrá libre de la instrucción judicial que se le ha abierto por desviar de destino un millón de dólares, máxime aho­ra cuando los jueces han de estar desconcertadísimos y deben sentirse coaccionados ante el candidato oficial Paredes Canto, quien, hasta dos días antes de ser nominado compañero de fórmula de Fuji­mori, capitaneaba la huelga de docentes contra el gobierno, lanzando discursos muy poco académicos sobre la inconducta de Fujimori frente al magisterio.

Tampoco ha sorprendido a nadie -pa­reciera que los peruanos han perdido su capacidad de asombro- que el jefe de Esta­do haya escogido como primer vicepresi­dente al presidente de la sociedad de los poderosos del Perú, sin importarle averi­guar si la madre del señor Márquez pos­tulaba en la fórmula de otro candidato, también a la vicepresidencia. Aunque ¿por qué alarmarse ante tamaña grosería cuando Fujimori ha hecho de la confron­tación, del pleito, de la agresión su distin­tivo político? ¿Por qué había de preocu­parle a Fujimori crear un desagradable conflicto familiar al interior de la familia Márquez si él está satisfechísima destru­yendo su propio hogar?

Lo que sí, extrañamente, ha preocu­pado a muchísimos ciudadanos, sobre todo a los fujimoristas y a no pocos ene­migos -igual que OIGA- del golpista del noventa y dos, es la fórmula presidencial que encabeza el doctor Javier Pérez de Cuéllar. Les molesta -no a OIGA- que sea el peruano más ilustre a nivel internacional; les mortifica que goce de muy buena salud; los irrita que él haya sido quien, como Secretario General de las Naciones Unidas, convenció al presidente electo Alberto Fujimori de que se llevara bien con los organismos internacionales y pusiera de lado sus planes populistas

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – “Honradez, tecnología e irresponsabilidad” – Revista Oiga 10/10/1994

Buena parte del territorio nacional volvió a quedar sin luz, sin fuerza eléctrica, por culpa de la insania terrorista, que ha querido conmemorar algún macabro acontecimiento el jueves pasado. Pero la voladura de unas cuantas torres, el más fácil de los actos de sabotaje, no logra paralizar gran parte del país más de unas horas. Y ya van algo así como dos días de apagón.

No es, pues, sólo la mano del terror la que ha producido un suceso que ha vuelto a irritar el ánimo ciudadano. ‘A la desesperada acción de. Sendero sé ha unido esta vez la ineptitud, la ineficacia real, la tecnología chicha de un régimen que viene engañando al país durante un largo tiempo, pero que ya no puede seguir ocultando su verdadera fisono­mía: habilidad para adaptarse criollamente a la corriente de moda, incapaci­dad para resolver problemas por cuenta propia y muy baja moral. Mediocridad en toda la línea.

El desafío terrorista no debe alarmar al país. No diré que son manotazos de ahogado para no repetir la torpe monserga oficialista, pero la verdad es que el mismo día que cayó el Muro de Berlín, se desplomó la Unión Soviética y se esfumó como voluta de humo el marxismo, el Partido Comunista de Abimael Guzmán, llamado Sendero Lu­minoso, dejó de ser el peligro terrible que, con el tiempo, pudo haber sido. El marxismo era la cantera de los cuadros de Abimael. La posterior captura de éste significó el entierro de la secta. Lo que queda de ella son restos de la orga­nización, son núcleos desorientados de gente imposibilitada de escapar de la locura en la que está sumergida, porque se ha habituado al modo de vida clan­destino que viene llevando. Hoy por hoy no son ningún peligro, aunque más de un susto puedan seguir dándonos. El riesgo está en el futuro. Si se diera el caso, por ejemplo, de que remozadas ideas revolucionarias, inspiradas en nue­vas ansiedades de las masas; lograran audiencia, reactivaran a esos rezagos de Sendero y captaran, adeptos sensibilizados por la miseria popular que no disminuye sino que va creciendo. Pero eso, será mañana, no es hoy.

Hoy, el problema del país es el mismo, que cualquier agudo observador pudo entrever desde los primeros días del régimen de Fujimori. El pacto del Ejército con el presidente constitucional y más tarde, gracias al golpe del 5 de abril del 92, con el líder del gobierno de la “Reconstrucción Nacional”, no es otra cosa que una alianza entre la incapacidad y el desatino de los militares y la mediocridad, sin tecnología alguna, de Fujimori y sus partidarios. La única habilidad de los socios ha sido entregarse sin condiciones al Fondo Monetario y al Banco Mundial, dejando el manejo de la economía en manos de la derecha. Fu­jimori se encarga del papel de demago­go y las Fuerzas Armadas se dedican a poner orden al antiguo estilo, con cier­tas innovaciones neonazis, como los operativos psicosociales y las tenebrosas vigilancias del SIN.

Los frutos de esta corte de lisiados mentales se está poniendo a la vista, aunque algunos la disculpen comparándola con el desastre apocalíptico de Alan García y merezca los elogios del FMI y del Banco Mundial, felices porque el Perú está pagando sus deudas, incluidas la estafa del Mantaro y Pachitea. Está a la vista el pleito de callejón de Susana y Alberto, con acusaciones que no son moco de pavo; cualquiera puede visitar las carreteras que se desmoronan solas del constructor, ministro y funcionario Vittor, socio de los que se alzaron con las coimas del BCCI; son visibles los contratos que ejecuta como negocio el Ejército, con maquinaria del Estado, en detrimento de los medianos constructo­res, no de los ricos, pues éstos comen en la misma mesa de Fujimori; y apenas se ocultan las constantes compras y ventas otorgadas a dedo, previa eliminación del sistema de licitaciones, gracias a ‘emergencias’ sacadas de la manga.

Una de estas ‘emergencias’ es la que permitió, contrariando advertencias de técnicos especializados en cuestiones eléctricas, que los sabios Hokama y Yoshiyama, previa consulta con el matemático agrario Fujimori, resolvieran, porque les vino en gana –sin coimisiones naturalmente-, la compra de las turbinas de la Central Térmica de Ventanilla, que es la qué ha colapsado con año y medio de uso y es el motivo central del apagón que hoy sufre gran parte del país. Y si a esto se une el inadecuado mantenimiento de la Central del Mantaro, como puntualiza el modesto técnico na­cional, el experimentado ingeniero eléc­trico don Augusto Martinelli Tizón, no se aleja de la verdad quien anuncie que nos hallamos ante una catástrofe monumen­tal. (Ver artículo del ingeniero eléctrico Martinelli Tizón páginas más adelante).

Mientras tanto, pontifican sobre todo lo humano y lo divino, decretando ‘emergencias’ a troche y moche, el ingeniero Yoshiyama –que recién ha obtenido el título en una oscura universidad limeña y cuya mayor hazaña ha sido el desastroso proyecto papelero del velascato–, el ingeniero Hokama –de difusa espe­cialidad– y el matemático agrario Alber­to Fujimori, asesorado por su hermano, Santiago Fujimori, abogado especiali­zado en Relaciones Públicas de la emba­jada de Japón.

Este es el Perú de la Moralización, la Tecnología y el Trabajo sobre el que impe­ra, como un shogun dueño de vidas y haciendas, el señor Alberto Fujimori, dispensador, al estilo medieval, de obse­quios y castigos. Con una particularidad: una cierta sonrisa cachacienta de medio lado, que delata su calidad chicha, si lo comparamos con don Augusto B. Leguía, una de las mayores calamidades de la reciente historia nacional.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Prohibido leer y comer – Revista Oiga 3/10/1994

Un amigo, favorecido por los dioses con el apetito de leer, se quejaba hace unos días de los precios en las librerías y me aconsejaba usar este título —‘Pro­hibido leer y comer’—, diciéndome que, para él, esa frase resumía la impresión que iba teniendo del país, meses después de haberse reincorporado a la pa­tria.

—Los libros están carísimos y los mer­cados también. Yo hago la plaza. No hablo de los restaurantes, porque bara­tos no son en ninguna parte.

De lo que se olvida mi viejo amigo es de las enfermedades. El siempre está sano. Y, por lo tanto, no puede añadir, a las prohibiciones halladas por él, la de enfermarse.

—Sólo falta —añadía yo— que el go­bierno escuche el reclamo editorial de ‘Expreso’ del martes 27 e imponga a la educación el 18% de IGV. Seríamos el país más feliz de la tierra. La Albania del liberalismo. Sin una sola exoneración tributaria, como quiere ‘Expreso’. ¿No sería algo maravilloso que los recibos que nos lleguen de los colegios, institutos y universidades vengan con 18% por IGV?

—No me hagas reír.

Pero así es. Así está escrito en ‘Ex­preso’ del 27: ‘No a las exoneraciones’. Y en tono fundamentalista, de Ayatolas olímpicos, insiste en su credo de que la ley (la única verdadera naturalmente) y las reglas económicas deben ser iguales para todos y “ningún sector o empresa debe gozar de exoneraciones o privile­gios de ninguna naturaleza. Los regíme­nes especiales crean distorsiones en el sistema de precios que hacen ineficien­te el mercado”...

¿Con que a subir 18% los recibos de los colegios y universidades, no es cier­to?... Y es claro que piensan así y les gustaría probar si camina el experimen­to. Porque así está escrito. Eso dice la ley, la única, la infalible... Pero ocurre que siempre pesan los intereses, en este caso los intereses políticos del gobierno de Fujimori, y ‘Expreso’ se olvida que el sector educación está exonerado. No lo nombra. Sabe que, si se tocan los reci­bos escolares y universitarios, los votos se les escaparán al señor Fujimori como hojas de otoño en vendaval.

Aunque también pueda ser que ese olvido se deba a que ‘Expreso’ haya comenzado a entender que las excep­ciones son casi consustanciales a las reglas. Sabe ‘Expreso’, por ejemplo, que las reglas del idioma son severas, pero no tanto para obligarnos a decir cabió en lugar del excepcional cupo. Y lo mismo puede y debe ocurrir con las normas del mercado. Es bueno, es salu­dable que no haya exoneraciones. Es lo sensato, es lo lógico. Y ojala no hubiera necesidad de una sola excepción. Pero la realidad nos indica que la pureza total es imposible, salvo la de los santos y santas, aunque sólo cuando ya llegaron al cielo, no mientras estuviéronles ron­dando las tentaciones terrenales.

Y que ‘Expreso’, al parecer, está ad­virtiendo que las excepciones no son el diablo con cuernos y rabo —siempre, por supuesto, que sean absolutamente razonables-; lo insinúa ese mismo edi­torial cuando, por primera vez, reconoce “que hay muchos países en los que los periódicos y revistas, por esas ra­zones, están exonerados del IGV”. No dice que todos esos países que quebran­tan la sacrosanta ley del mercado sin exoneraciones son los más civilizados, los más democráticos, los más estables, los más desarrollados del orbe. Los más institucionalizados. No revela que en esos países tampoco se paga IGV por la compra de alimentos básicos, medici­nas y libros. En esos países —que ya están desarrollados y muchos de ellos integrados por una sociedad satisfecha—se cuida la salud, la educación, la cultu­ra, las bases del desarrollo. Saben cómo fue alcanzado y por dónde puede perderse. Además, ‘Expreso’ afirma —y no es exacto— que esa exoneración existe en ‘muchos países’ sólo porque la TV no paga por la información y los comentarios que emite y porque “a los periódi­cos y revistas les es difícil (en el Perú es imposible) trasladar el IGV a los vende­dores”. No sólo por esas razones. La principal es otra y la enfocó con preci­sión el Congreso Mundial de Prensa realizado en Berlín dos años atrás: la presión tributaria aleja a los lectores de los periódicos. Es en la actualidad, sen­tenció ese Congreso, el mayor obstácu­lo para la libertad de prensa.

La prensa es libre cuando depende únicamente de sus lectores. Y con 18% de IGV eso es imposible de toda impo­sibilidad. La prueba está en ‘Expreso’ mismo. En los últimos años —como mu­chos otros medios— por su imposibili­dad matemática de asumir ese 18% de IGV, acumuló una gigantesca deuda tri­butaria, que ahora pagará con avisaje del Estado. O sea el Estado te da avisos y con esos avisos le pagas al Estado. Una solución absolutamente disparata­da, aunque también OIGA se haya visto obligada a pasar como carnero por el ‘arreglo’. Porque, ¿qué pasa si el Estado encuentra pretextos para seguir sabo­teando publicitariamente a los medios que lo critican?

La única solución justa y razonable para la prensa es la exoneración del IGV, un impuesto absurdo, que atenta directamente contra la libertad de ex­presión y que impide al periodismo re­fugiarse, cuando es perseguido por el sabotaje del Estado o de los poderosos, en el favor del público, el único sobera­no en una democracia.

Pero no sólo es aberrante el IGV en el caso de la prensa. Quién sabe más lo es cuando se trata de medicinas, de libros y de alimentos básicos. Y, por supuesto, de educación. Por fortuna todavía exonerada del 18% del IGV.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Cuatro sucesos desiguales – Revista Oiga 26/09/1994

Semana de hechos significativos ha sido ésta. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar aceptó el reto de ser candidato a la presidencia, a pesar de conocer - las circunstancias en las que tendrá que competir – “No cuento con el apoyo de fuerzas económicas y menos aún con los variados recursos del poder”- pero también a sabiendas, por experien­cias locales y extranjeras, de que el dinero y el poder no compran conciencias. Se trata de un hecho histórico que se alza contra la vieja práctica política de la reelec­ción, que tan malos resultados dio siempre en el Perú y en América Latina. Aquí, en estas latitudes, la reelección transformó en dioses, impajaritablemente, a los autócra­tas. De este tema, del lanzamiento de la candidatura de Pérez de Cuéllar y del men­saje memorable y preciso pronunciado el jueves pasado por el ex Secretario General de la ONU, se ocupa la revista en las páginas que siguen.

Otro hecho destacable, en cierta for­ma vinculado al anterior, se produjo en la selva: el jefe de Estado, ingeniero Fuji­mori, se subió a un helicóptero de la organización norteamericana antinarcóti­cos, y dio orden de que arrancara. La orden no se cumplió de inmediato y el jefe de Estado montó en cólera, se bajó del aparato y los pilotos -miembros de la po­licía peruana- han sido traídos a Lima, quedando los aparatos inmovilizados. Un nuevo incidente que coloca las relaciones peruano-norteamericanas en un punto de tensión mayor que el producido en época de Velasco con la expropiación de la IPC.

No es del caso, naturalmente, diluci­dar quién tuvo la razón en este incidente. Muchos sucesos del pasado y, ahora, la falta de sensibilidad política exhibida por Estados Unidos en su prepotente inter­vención en Haití, haciendo de policía internacional y poniendo en ridículo a la OEA, nada abonan en favor del coloso imperial. Sin embargo, vale el hecho para un análisis interno de los límites que debieran respetar los jefes de Estado y que en América Latina no respetan, por lo que la reelección en estas naciones se transforma en un trampolín a la perpetuidad monárquica.
Los bienes del Estado, en todo país bien constituido, institucionalizado, no son propiedad de los mandatarios ni pue­de dárseles el uso que a éstos les venga en gana. Como ocurrió, por ejemplo, con un barco de guerra movilizado para custodiar un paseo marino de los hijos del jefe de Estado, ingeniero Fujimori. Y si los mandatarios no deben darles a los bienes de la nación uso diferente al que la ley establece, mucho menos deberían echar mano a la propiedad particular o a la de otros estados, que dan apoyos con fines específicos. Racionalmente no es lógico desviar el empleo de un helicópte­ro, destinado a combatir el narcotráfico, a visitas de saludo y reparto de almana­ques... Pero no sigamos con el tema, porque tan cómico es ver a EE.UU. em­pantanado en Haití, cual elefante deses­perado por aplastar un mosquito, como contemplar a nuestro folclórico jefe de Estado, cubierto de ponchos y chullos, afanado en repartir regalos para com­prar su reelección. Arbitrar entre dos extravagancias es perderse en el vacío.

Las otras dos noticias de la semana son diametralmente opuestas entre ellas. Una es de celebración, de fiesta, de orgu­llo nacional. La otra es una tragedia ho­rrenda, es la dolorosa realidad peruana que nos explota en la cara.

¡Cómo no va a ser hecho jubiloso para todos que el banco Wiese haya logrado presencia, con la bandera del Perú al lado, en la Bolsa de Nueva York! Pero si es motivo de alegría el triunfo internacio­nal de un banco que surgió de la imagina­ción y capacidad empresarial de don Augusto Wiese y la tesonera dirección técnica de don Rafael de Orbegozo, es ocasión para derramar lágrimas de rabia al enterarnos, por un diplomático extranjero, transido de dolor, que ha muer­to de tuberculosis -¡de TBC al borde del siglo XXI!- un joven genio peruano, alumno de una importante universidad.

Los señores de Expreso pueden estar satisfechos. El Joven Wilfredo Ruiz ha muerto tuberculoso porque en el Perú se está cumpliendo con rigidez militar su consejo de que no haya excepción algu­na en materia tributaria, por lo que las medicinas para la TBC pagan 18% de IGV, haciéndolas inalcanzables para los pobres como Wilfredo Ruiz, un mucha­cho de pueblo con una inteligencia superdotada, que había quebrado todas las tablas de medición en los exámenes de ingreso a las universidades. Tampoco se libran del 18% de IGV, para satisfacción de Expreso; la leche, los huevos, el pan, que pudieron salvar de la muerte a Wil­fredo Ruiz. Pero al pobre de Wilfredo Ruiz sólo le sobraba inteligencia pura, no terna la viveza, la cintura intelectual, la picardía comercial’ de los hombres de Expreso. Wilfredo Ruiz no habría podi­do convencer a los militares, como lo ha hecho Expreso, para que ellos, los mili­tares, le proporcionen el dinero para pagar sus impuestos. Y no es que yo esté alucinado. No. Lo que cuento está comprobado en las propias páginas de Ex­preso. El Ejército, que nada tiene que divulgar, no sólo publica constantemen­te avisos en el diario de Orejuelas. Tam­bién da cabida a suplementos -a todo color- colocando al general Nicola di Bari en olor de santidad y mezclando a los dos más connotados miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los jefes militares “que controlarán el proce­so electoral”, frase textual pronunciada por el ministro de Defensa en el CCD. Se trata de los doctores Nugent y Muñoz, justo los dos integrantes de ese jurado con historial nada santo, ligado a los ‘controladores’ del proceso. El suplemen­to del que hablo es de anteayer, sábado veinticuatro. ¿Cuánto pagó Nicola di Bari por él? No con su plata, por supuesto, ni con la de Fujimori, sino con el dinero que el pueblo le entrega al Estado cada vez que compra (con 18% de IGV) una medicina, un pan, un huevo, un vaso de leche, todas esas pequeñas cosas que hubieran servido para que Wilfredo Ruiz no muera y su cerebro privilegiado no se extinguiera an­tes de haber dado frutos a la patria.